Proyecto 25723: Autorización temporal de contrataciones directas por la Contraloría ante riesgos inminentes

El proyecto propone adicionar un artículo 3 bis a la Ley General de Contratación Pública (Ley N.º 9986 de 27 de mayo del 2021) para que la Contraloría General de la República pueda autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutos en casos no previstos expresamente en la ley.

La autorización se limita a supuestos concretos que el proyecto enumera expresamente, entre los cuales están: cuando "la naturaleza del objeto y las condiciones del mercado así lo recomienden"; cuando "sea necesario atender situaciones de riesgo inminente en procura de evitar daños a los bienes y a las personas" que no encajen en regímenes especiales ya previstos; y cuando existan "razones suficientes para considerar que esa es la mejor forma de cumplir con los fines y metas institucionales". La norma plantea que cada autorización debe otorgarse mediante una resolución motivada de la Contraloría.

Para pedir la autorización, la administración interesada debe presentar una solicitud suscrita por su jerarca institucional y acompañada de los informes de las instancias internas competentes que fundamenten los elementos fácticos, legales, técnicos y financieros que sustentan el supuesto invocado. La petición debe acreditar que los procedimientos ordinarios o las excepciones ya reguladas "no resultan ser los más apropiados" y debe detallar el mecanismo alternativo de selección propuesto, su especial idoneidad, el monto estimado, la partida presupuestaria que financia la erogación, el cronograma y la persona responsable hasta concluir la ejecución.

Si la solicitud es para la contratación de obras, la administración debe incluir un cronograma comparativo que indique los plazos por la vía ordinaria y por el mecanismo propuesto, el estado del diseño de la obra, el personal idóneo con que dispone para la fiscalización del contratista y el grado de cumplimiento de las autorizaciones especiales requeridas por la normativa, con el fin de valorar la pertinencia de la autorización.

La Contraloría resolverá la solicitud en el término de quince días hábiles y la no resolución en ese plazo "no podrá ser considerada como silencio positivo". En su resolución la Contraloría definirá la vía recursiva y los plazos aplicables al trámite. El proyecto también deja claro que las autorizaciones otorgadas por la Contraloría "no exoneran a la Administración solicitante por los resultados de la contratación ni por la calificación errónea de las circunstancias" que sirvieron de justificación.

El expediente es el número 25723; el proyecto fue presentado el 2026-08-19 y publicado el 2026-08-28. El texto propuesto está pendiente de aprobación y solo tendrá efecto si la Asamblea Legislativa lo aprueba según el trámite correspondiente.