Proyecto 25723: Proyecto que autoriza a la Contraloría a permitir contrataciones directas por riesgos inminentes

El proyecto propone añadir un artículo 3 bis a la Ley General de Contratación Pública (Ley N.º 9986) para que la Contraloría General de la República pueda autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos alternativos en casos no previstos expresamente en el artículo 3 de la ley. El texto del proyecto precisa que la autorización se dará mediante resolución motivada y enumera los supuestos en los que se podría conceder dicha autorización.

Cuando la naturaleza del objeto y las condiciones del mercado lo recomienden; cuando sea necesario atender situaciones de riesgo inminente para evitar daños a bienes o personas que no estén cubiertas por el régimen especial previsto en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo; y cuando existan razones suficientes para considerar que la contratación directa es la mejor forma de cumplir fines o metas institucionales. Estas opciones son facultativas: la redacción indica que la Contraloría “podrá autorizar”, lo que permite pero no obliga a autorizar.

Para solicitar la autorización ante la Contraloría, el proyecto exige que la petición la firme el jerarca institucional y que vaya acompañada de informes de las instancias internas competentes que fundamenten los elementos fácticos, legales, técnicos y financieros que sustentan la solicitud. Además, debe acreditarse que los procedimientos ordinarios o las excepciones ya reguladas no son los más apropiados para la actividad contractual objeto de la solicitud.

El proyecto exige que la solicitud detalle el mecanismo alternativo de selección propuesto y su idoneidad, el monto estimado de la contratación, la partida presupuestaria que ampara la erogación, un cronograma y el responsable de las actividades hasta concluir la ejecución. Si la solicitud es para contratación de obras, la administración debe presentar un cronograma comparativo (plazos del procedimiento ordinario frente al procedimiento propuesto), el estado del diseño de la obra, personal idóneo para fiscalizar al contratista y el grado de cumplimiento de autorizaciones especiales requeridas por la normativa.

La Contraloría General tendrá un plazo de quince días hábiles para resolver la solicitud; la falta de decisión dentro de ese término “no podrá ser considerada como silencio positivo”. En su resolución la Contraloría definirá la vía recursiva aplicable y los plazos del trámite respectivo. Las autorizaciones concedidas por la Contraloría deberán contener motivación y quedan sujetas a los controles y responsabilidades normales de la Administración; el proyecto indica expresamente que las autorizaciones “no exoneran a la Administración solicitante por los resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias”.

El proyecto se presenta como una respuesta a la reforma que introdujo la Ley General de Contratación Pública (Ley N.º 9986), que entró en vigencia el 1 de diciembre del 2022, y argumenta que restablece una «necesaria flexibilidad» para atender situaciones excepcionales bajo la vigilancia de la Contraloría. El texto oficial es un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, identificado con el expediente 25723, y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.