Proyecto 25570: creación del Sistema Nacional de Protección Continua, Desarrollo Multidimensional y Autonomía Humana para Hijos e Hijas de la Patria

El proyecto propone crear el “Sistema Nacional de Protección Continua, Desarrollo Multidimensional y Autonomía Humana para Hijos e Hijas de la Patria” como un marco legal y operativo para acompañar de manera continua a las personas que egresan del sistema de protección del Estado. La iniciativa busca articular políticas y servicios de varias instituciones públicas para facilitar la inserción educativa, social y laboral hasta los 25 años de edad. El texto es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La medida se aplicaría, según el articulado, “a todas las personas egresadas del Sistema Nacional de Protección Espacial, que se encuentren bajo protección del Estado en cualquiera de las modalidades de cuidado alternativo.” Esa redacción del artículo que define el ámbito contiene la palabra “Espacial”, que aparece así en el texto del proyecto y genera una ambigüedad frente al término que usa el título del proyecto. El expediente figura en la tramitación parlamentaria como un “PROCEDIMIENTO PROYECTO DE LEY ORDINARIO”.

Entre ellos el interés superior del niño, la autonomía progresiva y la continuidad del cuidado hasta los 25 años. El texto concreta la continuidad como una garantía expresada en el articulado y exige un enfoque interseccional y de corresponsabilidad entre instituciones y beneficiarios para cumplir los objetivos del Plan Individual de Desarrollo.

El proyecto define una estructura institucional que integra varias entidades del Estado y fija responsabilidades. El listado incluye, entre otras, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Al IMAS le otorga la rectoría técnica del sistema, con funciones de coordinación interinstitucional, formulación de lineamientos, supervisión de la implementación y administración de la información de las personas beneficiarias.

En prestaciones, el proyecto propone medidas concretas para educación, salud, vivienda y apoyo económico. En educación superior prevé mecanismos de acceso y permanencia en las universidades públicas, incluyendo la exoneración total de aranceles, matrícula, seguros y derechos de graduación para la población beneficiaria; el INA debe priorizar cupos, garantizar gratuidad y proveer materiales; la CCSS debe dar atención prioritaria en salud física y mental y mantener el aseguramiento por cuenta del Estado hasta los 25 años para quienes permanezcan activos en procesos educativos; INVU y BANHVI deben priorizar soluciones de vivienda y tramitar bonos o subsidios para esta población.

Cada persona beneficiaria deberá contar con un Plan Individual de Desarrollo (PID) desde su ingreso al sistema y hasta su egreso a los veinticinco (25) años. El PID deberá incluir, como mínimo, un diagnóstico multidimensional (salud, educación y desarrollo socioemocional), metas académicas anuales, un plan de autonomía financiera progresiva y un esquema de seguimiento institucional coordinado entre las entidades competentes.

El financiamiento propuesto se apoya en el inciso k) del artículo 3 de la Ley N.° 5662, es decir en el aporte asignado en FODESAF, y en los recursos ordinarios de las instituciones participantes. El proyecto encomienda a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) garantizar la transferencia oportuna del “cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)”, y señala que la ejecución deberá ajustarse a la disponibilidad presupuestaria y la normativa financiera vigente.

Para gobernanza y control, la iniciativa crea un Comité Nacional de Coordinación y Seguimiento (CNVE) integrado por jerarcas de las instituciones participantes; obliga el uso del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) como plataforma obligatoria para la trazabilidad y seguimiento individual; exige informes trimestrales ante la Contraloría General de la República sobre la ejecución e impacto; y contempla sanciones administrativas por incumplimientos o por subejecución injustificada de recursos, previa determinación y debido proceso. El proyecto fija plazos para la implementación y el reglamento: el sistema deberá estar operando plenamente en un plazo máximo de dieciocho meses y el Poder Ejecutivo debe emitir el reglamento en un plazo de noventa días.

El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; su paso a norma dependerá del trámite parlamentario y de las decisiones que adopten los órganos competentes durante ese proceso.