Proyecto 25570: Proyecto que crea un sistema nacional para acompañar hasta los 25 años a quienes egresan de la protección estatal

El proyecto propone crear el “Sistema Nacional de Protección Continua, Desarrollo Multidimensional y Autonomía Humana para Hijos e Hijas de la Patria” para acompañar de forma continua a las personas que egresan del Sistema Nacional de Protección Especial hasta los 25 años de edad; es un proyecto de ley pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La norma se aplicaría a todas las personas egresadas del Sistema Nacional de Protección Especial que estén bajo protección del Estado en cualquiera de las modalidades de cuidado alternativo. En la práctica, eso significa que quienes han estado bajo tutela estatal y salen de esos programas serían sujetos del sistema y podrían acceder a los beneficios que la ley organiza.

Interés superior del beneficiario, autonomía progresiva (apoyos graduales hacia la vida independiente), continuidad del cuidado hasta los 25 años, corresponsabilidad entre instituciones y beneficiario, e interseccionalidad para atender diferencias por etnia, género, zona geográfica o discapacidad. Esos principios condicionan cómo se deben interpretar y aplicar las medidas.

Se crea una estructura institucional que integra varias entidades públicas y otorga al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) la rectoría técnica y administrativa del sistema. El IMAS dirigirá la coordinación interinstitucional, administrará la información de beneficiarios en el SINIRUBE, liderará el Comité Nacional de Vigilancia y Ejecución, otorgará subsidios monetarios (condicionados o no) para gastos de vida no cubiertos por otras becas, verificará trimestralmente la matrícula de estudiantes y deberá rendir informes trimestrales ante la Contraloría General de la República.

Garantizar mecanismos diferenciados de admisión (incluso cupos reservados o acciones afirmativas), exoneración total de aranceles y apoyos de residencia y alimentación según su capacidad; el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) debe priorizar cupos, garantizar gratuidad y materiales; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe dar atención prioritaria en salud física y mental y mantener aseguramiento por cuenta del Estado hasta los 25 años para beneficiarios activos en educación; INVU y BANHVI deben priorizar soluciones habitacionales y facilitar bonos o subsidios.

Cada persona beneficiaria tendrá desde su ingreso un Plan Individual de Desarrollo (PID) vigente hasta su egreso a los veinticinco (25) años. El PID debe incluir al menos un diagnóstico multidimensional (salud, educación y desarrollo socioemocional), metas académicas anuales, un plan de autonomía financiera progresiva y un esquema de seguimiento institucional coordinado entre las entidades.

En materia de financiamiento, el proyecto respalda el sistema en el porcentaje asignado mediante el inciso k) del artículo 3 de la Ley N.° 5662 (el “0,25%” del FODESAF) y en los recursos ordinarios de las instituciones participantes; la ejecución estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y la normativa financiera vigente. La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) debe garantizar la transferencia oportuna de ese 0,25% y supervisar el control y liquidación presupuestaria.

Para gobernanza y control se crea el Comité Nacional de Vigilancia y Ejecución (CNVE) integrado por jerarcas de las instituciones participantes. El uso del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) será obligatorio para la identificación, trazabilidad y alerta temprana de deserción. El Comité sesionará mensualmente, supervisará la ejecución del presupuesto, auditará casos y coordinará emergencias críticas de vivienda o salud.

El proyecto establece régimen de responsabilidad y sanciones administrativas para funcionarios públicos por incumplimiento u omisión, y prevé indicadores de impacto (graduación universitaria, inserción laboral formal, acceso a vivienda propia y reducción de problemas de salud mental) para evaluar resultados. El Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento en noventa días y el sistema deberá estar operando plenamente en un plazo máximo de dieciocho meses; la vigencia comienza al publicarse en La Gaceta.

Las obligaciones, plazos y recursos descritos en este texto son los que propone la iniciativa, y solo se convertirán en mandato legal si la Asamblea Legislativa aprueba y publica la ley según el procedimiento constitucional.