Proyecto 25536: Autorizar consultas de bases de datos para notificaciones y apremio por pensión alimentaria

El proyecto propone adicionar un párrafo final al artículo 2 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687, del 4 de diciembre de 2008, con el objetivo de facilitar los procesos de notificación y de apremio corporal en los casos de pensión alimentaria, y está pendiente de aprobación.

La modificación prevista autoriza, cuando la persona demandante declare bajo juramento que desconoce el domicilio, el lugar de trabajo u otro medio idóneo para localizar a la persona demandada, que los juzgados de pensiones alimentarias consulten, de oficio y únicamente para efectos de notificación o apremio, las bases de datos a las que tenga acceso el Poder Judicial. Esa autorización incluye expresamente las bases de datos del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, con la finalidad de obtener la información necesaria para efectuar la notificación personal.

La información obtenida deberá utilizarse solo para los fines procesales señalados y bajo principios de confidencialidad, legalidad y proporcionalidad, conforme a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N.º 8968). Además, el articulado mantiene las reglas generales de notificación previstas en la norma vigente, por ejemplo el deber de notificar a las partes y la indicación de que la notificación debe hacerse dentro de los cinco días siguientes a la resolución, según corresponda.

El proyecto se presenta como una respuesta a demoras que, según el propio texto, agravan la situación de las personas menores de edad y de quienes las cuidan. El documento muestra aumentos en la duración de procesos terminados por desistimiento y por caducidad entre 2022 y 2023; por ejemplo, los casos que se cancelaron por desistimiento pasaron de “49 meses con 2 semanas” en 2022 a “61 meses con 3 semanas” en 2023 (cambio de +12 meses), y los terminados por caducidad pasaron de “47 meses” a “52 meses 2 semanas” (cambio de +5 meses). El expediente vincula esas demoras a la dificultad para localizar y notificar a la persona obligada al pago, y plantea la autorización como una herramienta para acortar esos plazos.

El expediente es el número 25536; fue presentado el 2026-04-23 y publicado el 2026-05-12 en la Gaceta No. 85. Los proponentes registrados incluyen a Luz Mary Alpízar Loaiza, Cynthia Maritza Córdoba Serrano, Johana Obando Bonilla, María Marta Padilla Bonilla, Rocío Alfaro Molina y Monserrat Ruíz Guevara. Según el texto del proyecto, la disposición propuesta “Rige a partir de su publicación” si llega a ser aprobada.