Proyecto 25536: Permitir a los juzgados de pensión alimentaria consultar bases de datos para ubicar personas y efectuar notificaciones y apremios

El proyecto propone añadir un párrafo final al artículo 2 de la Ley de Notificaciones Judiciales (No. 8687) para autorizar a los juzgados de pensión alimentaria a consultar bases de datos a las que tiene acceso el Poder Judicial, incluyendo las del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, con el fin de localizar a la persona demandada y practicar la notificación personal o el apremio corporal. Este cambio se aplicaría únicamente en los procesos por pensión alimentaria y cuando la persona demandante declare bajo juramento que desconoce el domicilio, lugar de trabajo u otro medio idóneo para localizar a la persona demandada. El texto establece que la consulta podrá hacerse de oficio por el juzgado y que su uso será “para el exclusivo fin de la notificación judicial o apremio”. El proyecto está pendiente de aprobación y figura con expediente 25536; fue presentado por diputadas y diputados proponentes y publicado el 2026-05-12.

Cuando en un proceso de pensión alimentaria la parte demandante manifieste bajo fe de juramento que no conoce datos para localizar a la persona demandada, el juzgado de pensiones alimentarias podrá consultar las bases de datos a las que tenga acceso el Poder Judicial (menciona expresamente las del OIJ y el Ministerio Público) para obtener la información necesaria. Esa búsqueda puede iniciarla el propio juzgado (“de oficio”) y su único objetivo debe ser permitir la notificación personal o el apremio corporal en ese caso procesal específico. La redacción agrega esta facultad directamente al artículo 2 sobre deber de notificar, por lo que se incorpora como parte del procedimiento de notificaciones en esos casos.

La información obtenida “será utilizada únicamente para estos fines procesales” y su manejo deberá sujetarse a “estrictos principios de confidencialidad, legalidad y proporcionalidad”, en concordancia con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N.º 8968). Además la norma indica expresamente que los datos no podrán destinarse a usos distintos a los autorizados en el artículo, lo que limita el propósito de la consulta a la localización para notificación o apremio.

El articulado finaliza con la frase “Rige a partir de su publicación”, por lo que, si el proyecto se aprueba y se promulga en esos términos, la autorización comenzaría a aplicarse desde la publicación oficial. Es importante recordar que, hasta que el Poder Legislativo lo apruebe y se promulgue como ley, se trata de una propuesta que está pendiente de aprobación.

El expediente identificador es 25536; la iniciativa fue presentada por las diputadas y diputados señalados en el expediente (entre ellas Luz Mary Alpízar Loaiza y otras) y el trámite consta como presentado en plenario y publicado en la Gaceta según los registros del proyecto. El texto original incluye considerandos que explican el problema que busca resolver (retrasos en la notificación, impacto en la niñez y en la equidad de género) y señala que la medida usa herramientas ya existentes en lugar de crear nuevos recursos, pero esos apreciaciones son motivos del proyecto y no efectos ya logrados.

El cambio propuesto permite a los juzgados de pensión alimentaria, cuando la parte demandante jure desconocer cómo localizar a la persona demandada, consultar de oficio las bases de datos a las que el Poder Judicial tiene acceso (incluyendo OIJ y Ministerio Público) únicamente para obtener datos que permitan realizar la notificación personal o el apremio corporal; la información deberá usarse solo para esos fines y respetando la protección de datos personales. El proyecto está pendiente de aprobación y, si se aprueba en los términos presentados, empezaría a regir desde su publicación.