Proyecto 25478: Reforma para fiscalizar asociaciones solidaristas y limitar negocios con entidades públicas (derivado del caso ASEBANACIO)

El proyecto propone reformar reglas para que las asociaciones solidaristas que realizan intermediación financiera estén sujetas a fiscalización y para prohibir negocios entre esas asociaciones y las entidades públicas que les transfieren recursos, como respuesta a irregularidades detectadas en el llamado “Caso ASEBANACIO”.

El proyecto plantea modificar el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica N° 7558 para establecer con claridad que las asociaciones solidaristas están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia (SUGEF) y a las potestades de control monetario del Banco Central, colocando a estas entidades dentro del listado de organismos fiscalizados. El texto introduce también la restricción expresa de que ni la Junta Directiva del Banco Central ni la Superintendencia podrán eximir de controles y fiscalización a las asociaciones solidaristas que realizan intermediación financiera.

El proyecto propone además reformar el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Solidaristas N° 6970 para impedir que las asociaciones solidaristas vinculadas a entidades financieras del sector público realicen negocios con la propia institución pública de la que provienen, con el objetivo expuesto de evitar conflictos de interés. El articulado exige, según la redacción propuesta, que las instituciones públicas que transfieran recursos públicos por concepto de fondo de cesantía a las asociaciones solidaristas establezcan mecanismos de verificación para el uso correcto de esos recursos.

La iniciativa parte de hechos identificados en la investigación del “Caso ASEBANACIO”. Según el texto, ASEBANACIO se conformó en octubre de 2011 a raíz de un acuerdo de la Junta Directiva del BNCR que incluyó el traslado desde el banco a la asociación de recursos correspondentes al fondo para el pago de las cesantías, y "por concepto de traslado de fondo o reserva por pago de cesantía se trasladaron más de sesenta mil millones de colones a la asociación". En la investigación se detectaron problemas organizativos y crediticios, incluida la condición de "banco paralelo" para otorgar créditos a terceros no asociados en condiciones irregulares y de alto riesgo.

Indica que desde 1996 se eximió a las asociaciones solidaristas de la fiscalización de SUGEF, que esta situación cambió en noviembre de 2017 cuando se sometieron a supervisión varias solidaristas (y en 2018 se incluyó ASEBANACIO entre las cinco más relevantes), y que en julio de 2021 se acordó eximir de nuevo a todas las asociaciones solidaristas del país de esa labor de fiscalización, con la consecuencia práctica de que en la actualidad dichas asociaciones "no estén sujetas a ningún tipo de fiscalización por la Superintendencia".

El proyecto está registrado bajo el expediente número 25478, fue presentado el 07/04/2026 y sus proponentes incluyen a Sofía Alejandra Guillén Pérez y otras diputadas y diputados. La iniciativa se somete a consideración de la Asamblea Legislativa y está, por tanto, pendiente de aprobación.