Proyecto 25478: Proyecto que obliga a fiscalizar asociaciones solidaristas que hacen intermediación financiera y les impide negociar con su entidad pública de origen (derivado del caso ASEBANACIO)

El proyecto propone que las asociaciones solidaristas que realizan intermediación financiera queden sujetas a la fiscalización y controles monetarios ordinarios y que no puedan realizar negocios con la misma institución pública de la que se derivan los recursos. La iniciativa deriva de la investigación conocida como "Caso ASEBANACIO" y está pendiente de aprobación.

El proyecto obliga a que esas asociaciones estén bajo la supervisión de la Superintendencia correspondiente (SUGEF) y limita la facultad de eximirlas: ni la Junta Directiva del Banco Central ni la Superintendencia podrán eximir a las asociaciones solidaristas de la aplicación de los controles y de la fiscalización monetaria. En la práctica, esto significa que las asociaciones que operan como intermediarias financieras perderían la posibilidad de quedar fuera del escrutinio prudencial que aplica a otras entidades que hacen operaciones financieras.

El proyecto también impide que las asociaciones solidaristas vinculadas a una entidad financiera pública hagan negocios con esa misma institución. Además, exige que las instituciones públicas que transfieran recursos públicos a esas asociaciones (por ejemplo, fondos de cesantía) establezcan mecanismos de verificación para asegurar el uso correcto de esos recursos. En la práctica, las instituciones públicas que transfieran fondos deberán implementar controles y seguimiento para verificar cómo se usan y evitar conflictos de interés.

Se describe el traslado de fondos desde el Banco Nacional hacia ASEBANACIO en 2011 y se identificó que la asociación funcionó en ocasiones como un "banco paralelo", otorgando créditos a terceros no asociados en condiciones irregulares y de alto riesgo. El texto del proyecto recuerda que hubo cambios en la supervisión de estas asociaciones: desde 1996 se eximió a las solidaristas de la fiscalización de SUGEF, esa situación cambió en 2017 y 2018 al someterlas a supervisión, y en julio de 2021 se acordó volver a eximirlas, con la consecuencia de que actualmente no todas están sujetas a fiscalización por la Superintendencia.

En cuanto a efectos prácticos y vigencia, el proyecto establece las reformas para que las asociaciones solidaristas queden sujetas a fiscalización, prohíbe negocios con la institución pública de la cual provienen y exige mecanismos de verificación por parte de las entidades públicas transferentes; el texto dispone que la norma rige a partir de su publicación. El expediente del proyecto es el 25478; fue presentado el 2026-04-07 y publicado el 2026-04-15 (Gaceta 68).