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Cambio en documento oficial24 de septiembre de 2026Presupuesto publico

Proyecto 25797: Ley régimen de beneficios fiscales y control del gasto tributario

El proyecto propone crear la “Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario” para unificar la administración, el control y la fiscalización de los incentivos y exenciones tributarias, y encargar su gestión operativa a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, sin que aún sea norma aprobada (está en trámite).

El proyecto regula el procedimiento de otorgamiento, control, liquidación, revocación y sanción del régimen de beneficios fiscales bajo la tutela de la Dirección General de Tributación y establece que las funciones que le atribuye la ley serán ejercidas por las dependencias competentes que se definan por reglamento.

El texto propone una “derogatoria general” de las exenciones aplicables a derechos arancelarios, al impuesto al valor agregado, al impuesto selectivo de consumo y al impuesto sobre la propiedad de vehículos, manteniendo únicamente aquellas exenciones que estén justificadas por disposiciones constitucionales, compromisos internacionales vigentes o razones de política pública que se consideren necesario preservar.

Para administrar y controlar los beneficios el proyecto exige la gestión de solicitudes y trámites a través de un sistema informático del Ministerio de Hacienda interoperable con los comprobantes electrónicos de la Dirección General de Tributación, y refuerza las facultades de control, trazabilidad y medidas cautelares para verificar uso, destino y cumplimiento de condiciones.

Indica que el gasto tributario en 2024 alcanzó un monto estimado de ₡2.014.359,78 millones, equivalente al 4,10% del Producto Interno Bruto; que las exoneraciones objeto de análisis representan aproximadamente el 0,63% del PIB; y que entre 2023 y 2025 el monto total exonerado bajo análisis asciende a 348 223 millones de colones, de los cuales se mantendrían en la propuesta únicamente las exoneraciones consideradas estratégicas en una proporción del 68,62% del total analizado en ese periodo.

El proyecto exige requisitos para tramitar beneficios (por ejemplo estar al día con obligaciones ante instituciones relevantes) y establece que las solicitudes y trámites deben realizarse por el sistema informático del Ministerio de Hacienda; además regula la autodeclaración del beneficiario y la interoperabilidad para asegurar trazabilidad inmediata de las adquisiciones con beneficio fiscal.

En materia de bienes adquiridos con beneficio fiscal, define procedimientos de liberación y traspaso con condiciones (incluida la liquidación y pago de tributos cuando corresponda) y enumera los tipos de liquidación: por solicitud de la Administración, voluntaria, por causa sobrevenida y por incumplimiento.

Para controlar el gasto tributario y sancionar usos indebidos, el proyecto faculta a la Dirección General de Tributación para iniciar procedimientos administrativos, adoptar medidas cautelares (por ejemplo suspensión del beneficio, ordenar depósito fiscal, anotación registral) y aplicar sanciones; prevé una multa equivalente al cien por ciento (100%) del monto de los tributos dejados de percibir por el Estado por uso o destino indebido, y si hubo dolo impone una sanción del ciento cincuenta por ciento (150%) sobre ese monto, además de sanciones por incumplimiento de deberes de información y reglas de reincidencia e inhabilitación.

Propone derogar la Ley N.º 10286 (Ley de Regímenes de exenciones del pago de tributos) y otras normas listadas, pero mantiene vigentes los beneficios otorgados bajo la ley derogada hasta su vencimiento según los transitorios; dispone que la ley rige a partir de su publicación y que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo de seis (6) meses.

Pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa, el expediente identificado como 25797 fue presentado por el Poder Ejecutivo y se encuentra en el trámite inicial de Plenario y recepción en Servicios Parlamentarios a partir del 22 de septiembre de 2026; por ahora es una propuesta que, si se aprueba, impondrá las obligaciones, requisitos, controles y sanciones que contiene y que la misma norma y su reglamento detallen.

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