Proyecto 25884: Reforma a los artículos 19 y 37 de la Ley de Planificación Urbana: obligaciones municipales, acceso a financiamiento y sanciones para funcionarios

El proyecto propone reformar los artículos 19 y 37 de la Ley de Planificación Urbana para reforzar las obligaciones de las municipalidades respecto del plan regulador y establecer sanciones para funcionarios que autoricen actos contrarios a ese plan. El proyecto está pendiente de aprobación.

La propuesta obliga a cada municipalidad a emitir y promulgar reglas procesales necesarias para que se cumpla el plan regulador y para proteger la salud, la seguridad, la comodidad y el bienestar de la comunidad. En la práctica esto significa que los gobiernos locales deben tener normas internas (procedimientos administrativos) que garanticen que los permisos, visados y actuaciones municipales respeten el contenido del plan regulador vigente.

El proyecto exige que las municipalidades cuenten con un plan regulador vigente para poder acceder a cierto financiamiento previsto en la normativa (artículo 33 de la Ley N.° 4716). Si una municipalidad no tiene un plan regulador aprobado, la norma obliga a la municipalidad respectiva a suscribir un convenio y un plan de trabajo interinstitucional con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para la elaboración, actualización y puesta en vigencia del plan.

El acceso y desembolso de los recursos previstos por la ley de organización del IFAM se hará de forma gradual y proporcional, y estará sujeto al cumplimiento verificable de las metas y etapas que formen parte del plan de trabajo pactado entre la municipalidad y el IFAM. En la práctica, esto implica que el financiamiento no será automático sino condicionado al avance medible en la formulación o actualización del plan regulador.

En materia de sanciones, la reforma establece que se sancionará con la inhabilitación de uno a cuatro años a la persona funcionaria pública que incurra en conductas específicas: autorizar o responder por el visado de un plano que no cumpla con el plan regulador; autorizar o permitir actividades, obras o proyectos urbanísticos que no se apeguen estrictamente al plan regulador y sus reglamentos; o emitir, autorizar o suscribir certificados de uso de suelo contrarios a las disposiciones aplicables. Estas sanciones son además sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa que corresponda.

Si la conducta la comete una persona reincidente, la propuesta indica que se aplicará la pena prevista para el delito de abuso de autoridad establecida en la normativa penal citada. Esto significa que, además de la inhabilitación administrativa, puede activarse una sanción penal más grave cuando la conducta se repita.

Las municipalidades tendrán un plazo improrrogable de seis meses, contado desde la entrada en vigencia de la ley, para contar con un plan regulador vigente o, en su defecto, para formalizar y suscribir el convenio y el plan de trabajo con IFAM. Durante ese periodo de seis meses no se suspenderá el acceso ni el trámite de solicitudes de financiamiento al amparo del artículo 33 de la Ley N.° 4716, según lo dispone expresamente la iniciativa.

El proyecto fue presentado en el expediente 25884 el 2026-10-29 por las diputadas y diputados proponentes que figuran en el expediente; hasta que la Asamblea Legislativa lo apruebe en sus trámites correspondientes, las obligaciones, plazos y sanciones descritas no están vigentes.