Proyecto 25857: Régimen transitorio (5 años) para que las ASADAS se preparen e incorporen progresivamente al Sistema Digital Unificado (SDU)

El proyecto propone establecer un régimen transitorio de cinco años para que las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) se preparen y se incorporen de forma progresiva al Sistema Digital Unificado (SDU) que regula la contratación pública. El texto es un proyecto de ley pendiente de aprobación y fija un plazo y un conjunto de medidas para acompañar la transición en lugar de imponer el uso inmediato y obligatorio del SDU a todas las ASADAS.

Durante el período transitorio el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y otras instituciones competentes, debe conducir el proceso de preparación y asignar recursos para que las ASADAS incorporen el SDU. En los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley el AyA tiene la obligación de elaborar y publicar un plan público de implementación que incluya el diagnóstico de condiciones, criterios de priorización, metas y etapas, cronograma, responsables, indicadores, mecanismos de coordinación y seguimiento, y la determinación de los costos asociados al proceso.

Mientras dure el régimen transitorio, las ASADAS seguirán sujetas a los principios y disposiciones del régimen de contratación pública aplicables, pero no estarán obligadas temporalmente a utilizar el SDU para tramitar sus procedimientos; las organizaciones que reúnan antes las condiciones necesarias podrán incorporarse anticipadamente. Finalizado el plazo transitorio, las ASADAS deberán usar el SDU en los procedimientos cuyo uso resulte obligatorio conforme a la normativa vigente.

Identificación y transparencia de los costos de implementación para las ASADAS antes de su incorporación, capacitación y asistencia técnica, y fortalecimiento institucional coordinado por el AyA con la participación de federaciones y organizaciones del sector. Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) deberá valorar los costos necesarios para la implementación y operación del SDU —incluyendo aportes del AyA— a efectos de determinar si procede un eventual reconocimiento tarifario, aclarando que esa valoración no implica automáticamente un aumento de tarifas ni predetermina el resultado del procedimiento regulatorio.

El seguimiento del proceso será público y estructurado. El proyecto obliga a publicar una evaluación anual de avance a partir del primer año de vigencia y a realizar una evaluación integral de resultados seis meses antes de la finalización del período transitorio; los resultados servirán para ajustar el plan y para tomar decisiones basadas en evidencia sobre la incorporación efectiva. El cronograma que el proyecto exige comprende, al menos, la elaboración del plan en seis meses, evaluaciones anuales y la evaluación final previa a la conclusión del periodo.

Al cierre de 2024 había registradas 1,366 acueductos comunales que abastecían aproximadamente a 1,7 millones de personas, equivalentes al 33 % de la población nacional. El proyecto también toma en cuenta que, entre 2022 y 2026, las ASADAS estuvieron sujetas a exclusiones temporales del uso del sistema; el nuevo régimen busca sustituir ese esquema de prórrogas sucesivas por un proceso planificado, medible y acompañado institucionalmente.

En la práctica, si la ley se aprueba, la principal novedad será la obligación para el AyA de planificar, financiar parcialmente y ejecutar un programa de incorporación por cinco años, con indicadores públicos y evaluaciones que determinen quién y cuándo debe empezar a usar el SDU de forma obligatoria. Las ASADAS que no alcancen condiciones seguirán sin obligación inmediata de usar la plataforma, pero recibirán capacitación y asistencia según lo establecido; las decisiones sobre reconocimiento tarifario para cubrir costos serán materia de ARESEP y no se presuponen automáticas por la sola aprobación del proyecto.