Proyecto 25846: permitir suministro de agua en asentamientos informales y modificar garantías sobre inmuebles beneficiarios

El proyecto propone añadir un artículo 4 bis a la ley que crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para permitir la aprobación y prestación del servicio de agua potable y saneamiento en asentamientos informales, irregulares o mixtos aun cuando la persona solicitante no acredite titularidad formal sobre el inmueble. Esta iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Incorpora un artículo nuevo (4 bis) en la ley constitutiva del AyA para autorizar las conexiones y servicios en asentamientos informales bajo requisitos reglamentarios, y deroga normas anteriores que condicionaban la prestación del servicio a ciertas reglas de titularidad o gravámenes sobre el inmueble. En el texto oficial aparecen expresamente la adición del artículo 4 bis y la derogación del artículo 12 de la Ley General de Agua Potable (Ley N°1634) y del artículo 4 de la Ley N°5595.

En la práctica, los operadores autorizados (por ejemplo el AyA, municipalidades y asociaciones administradoras) podrán conceder la conexión y suministrar agua a personas que habitan en asentamientos informales sin exigir como requisito único un título de propiedad o la inscripción registral del bien. Esa autorización estará sujeta a los requisitos técnicos y procedimientos que establezcan las normas reglamentarias y a la verificación de factibilidad técnica por parte del operador.

El proyecto también modifica el régimen de garantías que pesaban sobre el inmueble beneficiario del suministro. Actualmente la normativa contemplaba una hipoteca legal automática sobre el inmueble por deudas del servicio; la iniciativa dispone la derogatoria de las disposiciones legales que vinculaban de ese modo el servicio al gravamen automático, pero simultáneamente exige que los reglamentos garanticen mecanismos para el cobro efectivo y la estabilidad financiera del operador.

En un plazo máximo de seis meses posteriores a la entrada en vigencia, el AyA y demás operadores deberán realizar las reformas reglamentarias y los ajustes internos necesarios. En ese plazo deberán establecer mecanismos administrativos flexibles que permitan gestionar el acceso a servicios básicos en asentamientos informales o sin título formal, siempre que se cumplan los requisitos técnicos de factibilidad y las medidas para proteger la estabilidad financiera y evitar aumentos de agua no contabilizada.

La conexión queda condicionada a requisitos técnicos, a procedimientos reglamentarios y a salvaguardias para la prestación continua del servicio. El proyecto considera el derecho humano al agua como fundamento para la medida, pero la puesta en práctica depende de las reglas técnicas, de cobro y de gestión que los operadores deban adoptar en el plazo señalado.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo como expediente 25846 (inicio 2026-10-15, publicación 2026-10-22). Si se aprueba, la ley empezará a producir efectos desde su publicación y activará el plazo de hasta seis meses para que AyA y otros operadores ajusten sus reglamentos y procedimientos.