Modificación para proteger a la persona fiadora en créditos de consumo (Proyecto 25828)

El proyecto propone modificar el artículo 44 ter y su transitorio de la Ley N.° 7472 para incorporar protección específica a la persona fiadora en operaciones de crédito de consumo. Fue presentado por la diputada Janice Sandí Morales (expediente 25828) y está pendiente de aprobación.

El proyecto se aplica a toda fianza personal constituida como garantía de una operación de crédito de consumo, ya sea otorgada ante entidades supervisadas por la SUGEF o ante cualquier otra persona física o jurídica que otorgue crédito de consumo de forma habitual. Quedan fuera las fianzas «otorgadas en el ámbito estrictamente mercantil entre comerciantes en el ejercicio de su actividad empresarial», según el texto.

Antes de que la persona acepte ser fiadora, la entidad acreedora debe entregarle en forma escrita, clara y comprensible la información esencial sobre la fianza. Ese documento debe incluir, como mínimo, el monto total y máximo garantizado (incluyendo capital, intereses corrientes y moratorios, comisiones y gastos de cobro), el plazo de la operación garantizada y las condiciones relacionadas con el beneficio de excusión y su renuncia.

La entidad acreedora también tiene el deber de notificar a la persona fiadora el primer incumplimiento del deudor principal. La notificación debe realizarse por un medio que deje constancia fehaciente dentro de los diez días hábiles siguientes al primer atraso. Si la entidad no cumple esa notificación, no podrá exigir a la fiadora el pago de los intereses moratorios ni de los gastos de cobro devengados después del vencimiento hasta que se realice la notificación.

La persona fiadora tiene derecho a consultar gratuitamente su propio historial crediticio y el proyecto unifica límites sobre la permanencia de la información negativa: el reporte negativo relativo a incumplimientos de consumo permanecerá registrado por un plazo máximo de cuatro años, contado desde la fecha en que el deudor o la fiadora incurrieron en el incumplimiento que originó el reporte. Cuando la obligación se cancele, la entidad debe actualizar o eliminar el reporte negativo dentro de los cinco días hábiles siguientes al pago.

La fianza de consumo tendrá una vigencia máxima igual al plazo original pactado para la operación garantizada y se extingue automáticamente al vencimiento de ese plazo, salvo que la fiadora la renueve expresamente y por escrito. En contratos de trato sucesivo (por ejemplo arrendamientos), la fianza no se prorroga automáticamente con la prórroga del contrato principal. Además, la fiadora gozará del beneficio de excusión: el acreedor no podrá exigirle el pago sin acreditar previamente que agotó los medios de cobro, judiciales o extrajudiciales, contra los bienes conocidos del deudor principal; la renuncia a ese beneficio solo puede hacerse por declaración expresa, específica y separada.

Toda modificación sustancial de las condiciones del crédito garantizado —por ejemplo, aumento del monto, extensión del plazo o cambio en la tasa de interés— realizada sin el consentimiento expreso de la persona fiadora la libera de responsabilidad por las obligaciones derivadas de esa modificación. Sin embargo, la fiadora sigue respondiendo por las obligaciones que existían al momento del cambio.

El incumplimiento por parte de las entidades de los deberes de notificación, de entrega de información previa o de actualización del reporte crediticio será sancionado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). El proyecto además prohíbe que las sanciones administrativas, los reportes negativos, los intereses moratorios y cargos sancionatorios derivados del incumplimiento del deudor principal se trasladen o imputen a la persona fiadora; esta protección no exonera a la fiadora si ella misma incumple la obligación garantizada. Como medida transitoria, las entidades acreedoras y los burós de información crediticia dispondrán de seis meses, contados a partir de la publicación de la ley (en caso de aprobarse), para adaptar sus procedimientos, contratos y sistemas; la norma rige a partir de su publicación.