Proyecto 25823: crear el Programa Nacional de Caficultura Sostenible y la "Bandera Cafetalero Sostenible" (reforma a la Ley 9036)

El proyecto propone adicionar un capítulo a la Ley N.º 9036 y transformar la institucionalidad existente para crear el “Programa Nacional de Caficultura Sostenible, Educación Alimentaria y Desarrollo Rural Territorial” como mecanismo de coordinación institucional de alcance nacional. Esta disposición está presentada ante la Asamblea Legislativa y queda pendiente de aprobación.

El proyecto establece que la rectoría del programa corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), resultado de la transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), apoyará la ejecución y la articulación territorial. El ICAFE y otras instituciones públicas podrán participar mediante coordinación, convenios y asistencia técnica dentro de sus competencias.

La participación en el programa será voluntaria y de alcance nacional para la actividad cafetalera; el proyecto aclara expresamente que no será requisito para producir, beneficiar, comercializar o exportar café. Podrán participar personas físicas y personas jurídicas vinculadas a la actividad cafetalera que cumplan los requisitos técnicos del programa; cuando se trate de personas jurídicas con fines de lucro, su participación se limitará a pequeñas y medianas empresas (pymes) y a organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios (pympas).

El proyecto crea un reconocimiento institucional llamado “Bandera Cafetalero Sostenible de Costa Rica”. Esa Bandera será un símbolo institucional, voluntario, temporal y renovable que identifica a participantes que cumplan criterios de sostenibilidad; no constituye ni sustituye certificaciones orgánicas, comerciales, fitosanitarias, ambientales, de origen o de calidad, y no tendrá naturaleza de símbolo patrio. El MAG podrá ordenar el cese del uso de la Bandera cuando el reconocimiento no esté vigente o exista revocatoria firme.

Para otorgar la Bandera y administrar el programa, el reglamento deberá establecer requisitos objetivos, proporcionales y verificables para el otorgamiento, renovación, suspensión y revocatoria. El otorgamiento corresponderá al MAG previa evaluación técnica; el reglamento deberá garantizar debidos procesos, motivación y derecho de defensa cuando se suspenda o revoque el reconocimiento.

La ejecución del programa se financiará con recursos y capacidades institucionales existentes, convenios y cooperación, y estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. El texto indica claramente que "no se crea un fondo nuevo ni una obligación automática de gasto", por lo que las acciones dependerán de la asignación presupuestaria y de convenios con otras instituciones.

El MAG, con apoyo del INDER y de las instituciones participantes, deberá establecer indicadores verificables para evaluar ejecución y resultados. Los indicadores deberán considerar al menos cobertura y participación; capacitación y transferencia tecnológica; adopción de buenas prácticas; protección del recurso hídrico y biodiversidad; innovación; generación de valor agregado y encadenamientos; participación de jóvenes y mujeres rurales; y resultados territoriales. El MAG mantendrá un registro administrativo de participantes reconocidos y publicará periódicamente un informe de resultados.

La coordinación técnica del programa deberá hacerse mediante una instancia interinstitucional sin personalidad jurídica, sin estructura administrativa propia y con participación ad honorem de representantes institucionales. El proyecto establece que el programa respetará las competencias legales de otras instituciones y no implicará transferencias ni duplicación de potestades.

El Poder Ejecutivo tendrá hasta doce meses desde la publicación de la ley para reglamentarla. Además, el MAG en coordinación con INDER e ICAFE realizará durante los doce meses posteriores a la entrada en vigencia las acciones preparatorias necesarias para poner en operación el programa, incluyendo la elaboración de instrumentos técnicos y de coordinación. La ley propuesta rige a partir de su publicación si es aprobada por la Asamblea Legislativa.