Proyecto 25795: Derogar la ley que creó la Agencia Espacial Costarricense (AEC)

El proyecto propone derogar por completo la Ley N.º 9960, que es la norma que creó la Agencia Espacial Costarricense (AEC), y dispone que la medida empiece a regir desde su publicación. Es una propuesta en trámite legislativo y, por tanto, sus efectos dependen de que la Asamblea la apruebe y se publique en el diario oficial.

El proyecto explica que, al anular la ley de creación, la AEC dejaría de existir jurídicamente porque fue constituida como un “ente público no estatal” y el Poder Ejecutivo no puede disolverla por sí mismo. Por eso plantea que la vía correcta es una ley aprobada por la Asamblea; además, aclara que redactó el título del proyecto para que quede explícito que lo que se deroga es la norma y que, por consecuencia lógica y jurídica, se extingue la personería de la agencia.

El texto justifica la derogatoria porque, desde su promulgación, la AEC no logró iniciar operaciones y acumuló una “parálisis absoluta”. Señala tres hechos: el concurso para nombrar a la Dirección Ejecutiva en 2021 recibió siete postulaciones, pero ninguna cumplió con los requisitos previstos y, unido a la falta de presupuesto, eso impidió el nombramiento permanente; el Centro Espacial de Guanacaste no avanzó porque la ley ataba su gestión al nombramiento de esa Dirección; y el Consejo Directivo se mantuvo inactivo luego de su última sesión en el primer trimestre de 2023 por no contar con una estructura administrativa y presupuestaria mínima.

En materia financiera, el documento indica que la propia Ley N.º 9960 pensó el financiamiento con aportes de instituciones del sector público no financiero y ordenó estudios financieros que nunca se realizaron. Argumenta que ese esquema chocó con el principio de anualidad presupuestaria de la Ley N.º 8131, que impide usar superávits de otras instituciones como se pretendía; que, para recibir fondos del presupuesto nacional, se exige una estructura mínima de personal administrativo y contable que no se pudo crear por falta de recursos iniciales; y que el MICITT certificó la ausencia de presupuesto asignado a la agencia desde su creación.

El proyecto también retoma criterios recientes de la Contraloría General de la República sobre iniciativas para reformar la Ley N.º 9960. Resume que no es válido financiar la AEC con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) porque desvirtuaría los fines legales del fondo y afectaría principios de derechos humanos vinculados a la reducción de la brecha digital. Además, advierte que propuestas de trasladar montos fijos del presupuesto del MICITT, sin estudios reales, no brindan seguridad jurídica. Con base en esos pronunciamientos, señala que la Contraloría ha reiterado que lo más responsable es cerrar la institución mediante su derogatoria.

El texto agrega que el desarrollo aeroespacial puede ser atendido dentro del propio MICITT, que ya lo incorporó en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027. Afirma que no existe una necesidad técnica de mantener una persona jurídica independiente como la AEC y cita una comparación ilustrativa: agencias espaciales consolidadas en la región operan con presupuestos anuales entre cuarenta y sesenta y cuatro millones de dólares, cifras que el documento considera materialmente imposibles e injustificadas para las finanzas públicas bajo el modelo costarricense.

El título se formuló para dejar claro que se deroga la ley específica que creó la AEC, y no el ente de forma aislada. Recalca que, de aprobarse y publicarse, la derogatoria surtiría efectos desde esa publicación. Mientras no ocurra, la propuesta está pendiente de aprobación.