Proyecto 25788: exigir la denuncia inmediata cuando haya indicios de maltrato o abuso contra niñas, niños y adolescentes

El proyecto propone obligar a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de forma inmediata cuando surja un indicio de maltrato o abuso contra una persona menor de edad, y fija un plazo máximo de veinticuatro horas cuando las circunstancias no exijan actuación instantánea. La iniciativa fue presentada en la Asamblea Legislativa como expediente 25788 por el diputado Robert Junior Barrantes Camacho y está pendiente de aprobación.

El cambio concreto que contiene el articulado es una reforma al artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia para añadir un párrafo que precisa quiénes deben denunciar y en qué momento deben hacerlo. En la práctica, obliga a ciertas personas y al personal institucional a comunicar “cualquier sospecha razonable de maltrato, agresión, acoso o abuso” al Ministerio Público sin esperar a que una investigación interna concluya. Cuando la situación no requiera actuación inmediata, el proyecto establece que la denuncia debe presentarse dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Quienes quedan expresamente señalados en el texto como obligados a denunciar son, entre otros, quienes dirigen y el personal de centros de salud públicos o privados donde se atienda a menores; las autoridades y el personal de centros educativos, guarderías o cualquier otro sitio donde los menores permanezcan o reciban servicios; y cualquier persona mayor de edad que tenga bajo su cuidado y responsabilidad a menores en asociaciones, fundaciones u organizaciones públicas o privadas. El proyecto describe estos roles como sujetos con la obligación de comunicar al Ministerio Público cuando exista una sospecha razonable.

El proyecto precisa además que la obligación de denunciar no exige certeza absoluta ni una investigación previa que confirme los hechos: la persona que denuncia debe comunicar hechos que, de forma razonable, puedan representar una amenaza para los derechos del menor. Corresponderá luego a las autoridades competentes realizar las investigaciones necesarias para aclarar lo ocurrido; por tanto, quien presenta la denuncia no asume automáticamente funciones de investigación penal o administrativa.

Las indagaciones, averiguaciones o procedimientos internos de una institución no constituyen un requisito previo ni pueden retrasar la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público. Junto con la denuncia, las autoridades deben adoptar medidas urgentes de protección, conservar las pruebas disponibles y aplicar acciones que prevengan riesgos que requieran atención inmediata. El proyecto también ordena proteger y resguardar la identidad de la persona denunciante para preservar su integridad y seguridad.

En cuanto a la vigencia, el proyecto indica que la norma rige a partir de su publicación. Como se trata de un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa (expediente 25788), sus disposiciones aún no están vigentes y quedarían aplicables solo si el órgano legislativo lo aprueba y se publica conforme a la normativa correspondiente.

La propuesta, según su texto, busca reforzar el deber de diligencia del personal y autoridades que atienden o están a cargo de menores, dotando de mayor claridad el momento en que debe cumplirse la obligación de denunciar y evitando que investigaciones internas posterguen la activación de los mecanismos de protección. El proyecto no especifica en su articulado aquí presentado sanciones concretas ni detalles operativos adicionales sobre quién supervisa el cumplimiento, por lo que la forma exacta de fiscalización y consecuencias disciplinarias o administrativas no puede deducirse del texto disponible.