Proyecto 25785: Proyecto para cambiar la definición legal de consentimiento informado de escrito a verbal en la Ley General sobre el VIH-SIDA (N.º 9797)

El proyecto propone modificar el inciso c) del artículo 2 de la Ley General sobre el VIH-SIDA, N.º 9797, para que la definición de “consentimiento informado” deje de ser “acuerdo escrito” y pase a ser “acuerdo verbal”. La redacción mantiene los elementos de proveer información clara y coherente y obtener la autorización de la persona, pero sustituye la exigencia de firma escrita por una forma verbal de consentimiento. La iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y, según el texto del proyecto, la norma reformada “Rige a partir de su publicación”.

La iniciativa busca facilitar y mejorar el acceso a la prueba de tamizaje para la detección del VIH, argumentando que la obligatoriedad de un consentimiento escrito actualmente constituye una barrera para que las personas se realicen la prueba. El proyecto señala que el requisito de firma escrita puede generar temor a la estigmatización y discriminación, impedir el acceso de personas con baja alfabetización o con discapacidad, demorar la atención por trámites administrativos y aumentar la carga de gestión para el personal de salud, lo que afectaría la detección oportuna.

En la práctica, si el proyecto se aprueba, los centros de salud públicos y privados que aplican la Ley N.° 9797 deberán considerar válido el consentimiento verbal cuando se ofrezca una prueba de VIH, siempre conservando la obligación de informar a la persona de forma clara y coherente y de obtener su autorización para realizar el procedimiento. El texto del inciso propuesto define el consentimiento informado como “acuerdo verbal” y mantiene que está “constituido por dos elementos: proveer información de forma clara y coherente a la persona… y obtener el acuerdo o la autorización de la persona”.

El proyecto menciona también, en sus considerandos, la posibilidad de obtener el consentimiento mediante medios digitales seguros (por ejemplo el EDUS), pero la redacción formal del inciso modificado consagra expresamente el “acuerdo verbal”; la opción digital aparece en la exposición de motivos como alternativa para flexibilizar el proceso, no como la redacción final del inciso. Por lo tanto, el cambio obligatorio que contiene el texto sometido es el reemplazo del requisito escrito por el verbal.

La iniciativa se apoya en recomendaciones internacionales y en datos nacionales. Cita guías de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud que recomiendan simplificar procedimientos de pruebas y garantizar el consentimiento informado verbal, así como posiciones de ONUSIDA sobre eliminar barreras para el acceso a pruebas. Asimismo, el proyecto reproduce cifras y registros nacionales citados del Ministerio de Salud sobre casos en Costa Rica y estadísticas globales aportadas por ONUSIDA en 2024, las cuales se usan para justificar la necesidad de ampliar el acceso al tamizaje.

Según el texto, los efectos prácticos esperados de la reforma son facilitar el acceso a la prueba de VIH, aumentar la cobertura del tamizaje, permitir una detección más temprana y agilizar el acceso a tratamiento, además de reducir costos y carga administrativa. Esas consecuencias se presentan como objetivos y previsiones del proyecto, no como resultados ya alcanzados; la entrada en vigencia propuesta es “a partir de su publicación” si la reforma llegara a aprobarse.