Proyecto que propone transformar la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en una sociedad anónima de utilidad pública (expediente 25784)

El proyecto propone transformar la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en una sociedad anónima de utilidad pública y por plazo indefinido, con el nombre legal «Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima» (abreviada Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.) y con domicilio social en la ciudad de Heredia. Según el articulado, la transformación modifica la forma jurídica actual de la entidad y la constituye como sociedad anónima de utilidad pública cuyo domicilio será Heredia; esta es la decisión central del texto y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto establece que el patrimonio de la nueva sociedad estará integrado por todos los activos y pasivos que actualmente pertenecen a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, incluidos los servicios y concesiones que hoy presta o que se lleguen a transferir a ella, y que esos bienes se inscribirán sin costo después de un inventario y refrendo de la Contraloría. En la práctica esto significa que los activos (infraestructura, concesiones, equipos, derechos y obligaciones) pasarían a formar parte de la sociedad y representarían el capital accionario de la Municipalidad de Heredia y de las demás municipalidades incorporadas.

Energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario y otros servicios vinculados a telecomunicaciones e infocomunicaciones; además autoriza a la Empresa a establecer agencias o sucursales en todo el país cuando convenga al cumplimiento de sus fines. También incluye, de forma expresa, la posibilidad de operar redes de recarga para vehículos eléctricos, incluso fuera de sus áreas de concesión, lo que reconoce legalmente una actividad que la ESPH viene desarrollando desde 2020.

En materia tarifaria y ambiental, el proyecto indica que las tarifas de los servicios públicos regulados que cobre la Empresa deberán ser aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, no tendrán fines de lucro y deberán contemplar un componente de inversión que garantice el desarrollo normal de sus actividades; además la Empresa deberá incluir los costos ambientales de protección del recurso hídrico como una tarifa hídrica obligatoria cubierta por sus abonados en las condiciones que apruebe la autoridad reguladora. Esto establece límites y control regulatorio sobre cuánto y cómo se cobran las tarifas.

Para financiarse y operar económicamente, el texto autoriza a la Empresa a contratar empréstitos con agencias de crédito nacionales o extranjeras, emitir títulos y valores y promover la creación de fundaciones y subsidiarias; también establece que cuando preste servicios no regulados estará sujeta al pago de cánones, impuestos y tributos aplicables a proveedores del sector de telecomunicaciones, sin perjuicio de exenciones previstas en otras leyes. Es decir, el proyecto abre vías formales de financiamiento y organización empresarial, con obligaciones tributarias cuando corresponda.

En cuanto a gobierno y control interno, el proyecto mantiene una estructura corporativa con órganos claros: la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, el Gerente General y el Contralor. Señala reglas para la designación de la Junta Directiva y establece incompatibilidades para quienes ocupen cargos (por ejemplo prohibiciones relativas a intereses directos en empresas proveedoras o en actividades que compitan con la Empresa). Además, deja claro que la sociedad seguirá sujeta al control posterior de la Contraloría General de la República y a la supervisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y, en lo pertinente, de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Por ejemplo, otorga a las corporaciones municipales incorporadas a la Empresa un plazo de seis meses desde la vigencia de la ley para emitir el reglamento de nombramiento y remoción de los miembros de la Junta Directiva; y prevé que los miembros de la Junta Directiva actual continúen en sus cargos hasta el vencimiento de sus periodos. Estas reglas organizan cómo se implementará la transformación si la Asamblea aprueba la reforma.

En síntesis, la propuesta busca cambiar la forma jurídica de la ESPH a una sociedad anónima de utilidad pública con capacidad para operar nacionalmente, crear filiales y fundaciones, pedir préstamos y asumir nuevas actividades (como recarga de vehículos eléctricos), manteniendo control regulatorio y fiscalización posterior. El texto que ordena estos cambios está en trámite como proyecto de ley y queda pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.