Proyecto 25780: Aprobación del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Corea (proyecto)

El proyecto propone aprobar el “Tratado entre la República de Costa Rica y la República de Corea sobre Extradición”, es decir incorporar al ordenamiento costarricense el texto del tratado que regula la entrega recíproca de personas reclamadas por delitos, sujeto a la aprobación final por la Asamblea Legislativa y a las condiciones del propio tratado.

El texto establece que las dos partes se entregarán mutuamente, cuando así se solicite, a las personas reclamadas para ser procesadas o para el cumplimiento de una sentencia en el territorio de la Parte Requirente, conforme a lo dispuesto en el tratado y a las condiciones que allí se definen.

Para que proceda la extradición el proyecto exige, entre otros requisitos, el principio de doble incriminación: la conducta imputada debe ser delito conforme a las leyes de ambos Estados y, al tiempo de la solicitud, estar sancionada con una pena privativa de libertad superior a un (1) año; el tratado también regula situaciones especiales como delitos fiscales, delitos cometidos fuera del territorio de la Parte Requirente y la concurrencia de varios delitos en la misma solicitud.

El proyecto incluye causas de denegación obligatoria y causas facultativas. Entre las denegaciones obligatorias aparece la cuando la Parte Requerida considere que el hecho es un delito político o conexo; también se prohíbe conceder la extradición si la solicitud tiene por fin perseguir o sancionar a la persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo u opiniones políticas. Además el tratado prevé motivos discrecionales para negar la entrega, por ejemplo cuando el delito se haya cometido total o parcialmente en el territorio de la Parte Requerida o por razones humanitarias.

El procedimiento exige que la solicitud de extradición se formule por escrito y por la vía diplomática y que vaya acompañada de documentos que permitan identificar a la persona y describir los hechos, las normas aplicables, la pena prevista y las pruebas o antecedentes necesarios. El tratado permite que, en casos de urgencia, se solicite la detención preventiva de la persona reclamada por la vía diplomática, pero fija un plazo: si han transcurrido cuarenta y cinco (45) días desde la detención sin que la Parte Requerida reciba la solicitud formal y los documentos exigidos, la persona detenida provisionalmente deberá ser puesta en libertad.

La persona entregada no podrá ser detenida, juzgada ni condenada por otros hechos distintos a los que motivaron la extradición, salvo excepciones expresas del tratado, y contempla además la posibilidad de entrega diferida o temporal cuando la persona esté siendo procesada o cumpliendo pena en la Parte Requerida, con las condiciones y plazos que allí se establecen.

En cuanto a aspectos prácticos, el texto fija plazos y responsabilidades para la entrega física y el traslado: la Parte Requirente deberá trasladar a la persona solicitada desde el territorio de la Parte Requerida en un plazo de treinta (30) días desde la emisión de la orden de entrega, salvo circunstancias acordadas entre las partes. Respecto a costos, el tratado dispone que la Parte Requerida cubrirá los costos que surjan en su jurisdicción por la solicitud de extradición, y que la Parte Requirente cubrirá los costos de traslado de la persona extraditada y de tránsito según corresponda. Finalmente, el tratado entrará en vigor cuando ambas Partes se hayan intercambiado los instrumentos de ratificación.

Versiones anteriores del tratado tuvieron inconsistencias entre los textos en español e inglés y la Sala Constitucional señaló vicios que impidieron su aprobación, por lo que se trabajó en una traducción oficial corregida y en la conformidad entre las Partes antes de someter el texto actual para su aprobación legislativa. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25780.