Proyecto 25777: Crear la Carrera Fiscal y regular el personal fiscal y de apoyo del Ministerio Público

El proyecto propone crear la "Carrera Fiscal" y un régimen especial que ordena cómo serán el ingreso, la selección, la formación, la evaluación, la promoción, el traslado y la permanencia del personal que trabaja en funciones fiscales y del personal de apoyo del Ministerio Público. El texto define procedimientos, garantías y responsabilidades concretas; la iniciativa está pendiente de aprobación.

La ley cubriría a las personas que ocupan puestos fiscales (por ejemplo fiscal auxiliar, fiscal, fiscal adjunto I y fiscal adjunto II) y al personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de apoyo adscrito al Ministerio Público. En la práctica, el ingreso y los ascensos se harán mediante concursos públicos y registros de personas elegibles; las decisiones deberán basarse en criterios objetivos relacionados con el mérito, la capacidad y la idoneidad comprobada. El proyecto señala expresamente que los procedimientos de selección y desarrollo incluirán reclutamiento, nombramiento, evaluación, formación, promoción y traslados.

En cuanto a quién hace qué, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial administrará los concursos, los registros de personas elegibles y los expedientes de la Carrera Fiscal, mientras que la Fiscalía General definirá los conocimientos, competencias y perfiles de la función fiscal. La Escuela Judicial y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público prestarán apoyo técnico y académico para diseñar y calificar las evaluaciones y ejecutar la formación inicial y continua.

Sobre nombramientos y promociones, el Fiscal General debe nombrar en propiedad a la primera persona disponible en el registro de elegibles que acepte la plaza; la promoción a una categoría superior requerirá concurso y el cumplimiento de los requisitos del puesto. El proyecto prohíbe que un ascenso sea automático por antigüedad, por ocupar interinamente un puesto o por ejercer temporalmente la función.

La inopia (cuando no hay personas elegibles disponibles) sólo procede si la Dirección de Gestión Humana lo certifica; el nombramiento por inopia exige una verificación mínima de idoneidad y tiene un límite temporal (duración máxima de cuatro meses, prorrogable una sola vez por hasta tres meses). Los nombramientos interinos y las inopias deben atender reglas y plazos específicos, y el texto fija pasos de transición para convocar las plazas vacantes.

En materia de evaluación, las personas comprendidas en la ley serán evaluadas periódicamente con instrumentos objetivos; si se detectan deficiencias relevantes se impondrá un plan de mejora con objetivos, apoyo institucional, capacitación y un plazo no inferior a seis meses. Un resultado insatisfactorio no será automáticamente una sanción disciplinaria: las consecuencias sobre la permanencia sólo podrán aplicarse en los supuestos y con las garantías que la ley establece, respetando el debido proceso.

Legalidad, igualdad de acceso y no discriminación, objetividad, transparencia y publicidad de las convocatorias, motivación escrita de las decisiones que afecten derechos o el orden de elegibilidad, estabilidad de quienes están en propiedad y protección de los datos personales. También establece que la ley no crea nuevos órganos ni autoriza plazas, dietas o remuneraciones adicionales: las funciones se cumplirán con la estructura y los recursos ordinarios de las dependencias competentes.

Para la transición, la Dirección de Gestión Humana deberá elaborar y publicar, dentro de los tres meses siguientes a la publicación, un inventario de las plazas vacantes ocupadas interinamente y un cronograma para convocar esas plazas; la totalidad de las convocatorias deberá iniciarse en un plazo máximo de doce meses. La Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de seis meses desde la publicación para reglamentar la ley. La norma, según el texto, empezará a regir seis meses después de su publicación, salvo disposiciones transitorias expresas. El registro de elegibles tendrá una vigencia de tres años. La persona lectora debe tener en cuenta que la propuesta está pendiente de aprobación y que los efectos descritos dependerán de su eventual promulgación.