Proyecto 25772: Proyecto que obliga a detallar en el presupuesto y en los informes la gestión de los fideicomisos públicos

El proyecto propone añadir un artículo (38 bis) y reformar el artículo 52 de la Ley 8131 para obligar a que todos los fideicomisos públicos que incorporen, gestionen o administren recursos del presupuesto de la República se detallen en el proyecto de ley de presupuesto y en los informes que remite el Gobierno. Esta propuesta está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y solo surtiría efecto si se convierte en ley y se publica.

El proyecto exige que la Dirección General de Presupuesto Nacional incluya, en el proyecto de ley de presupuesto, información específica sobre cada fideicomiso público que reciba o administre recursos del presupuesto. En la práctica esto significa que el presupuesto deberá contener, por cada fideicomiso afectado, datos identificatorios (nombre, número de contrato, fecha de constitución, entidad fideicomitente, entidad fiduciaria y plazo), una descripción clara del objeto del fideicomiso, su vinculación con planes nacionales o institucionales, el monto asignado en el ejercicio y su distribución entre componentes, el monto acumulado administrado desde su constitución (activos, pasivos y patrimonio) y los ingresos y egresos del ejercicio inmediato anterior, el costo de administración fiduciaria proyectado para el ejercicio, la programación de actividades y metas con el mismo nivel de detalle que los programas presupuestarios, los resultados físicos y financieros del ejercicio anterior y, si la vigencia del fideicomiso supera cinco años, una justificación técnica explícita que explique por qué no se puede alcanzar el objetivo mediante los mecanismos ordinarios del presupuesto.

El proyecto establece una obligación directa para las entidades que constituyen fideicomisos (las entidades fideicomitentes): deberán suministrar a la Dirección General de Presupuesto Nacional la información que esta requiera para cumplir lo dispuesto en el nuevo artículo. En la práctica, eso implica que las entidades públicas que crean o encargan fideicomisos deben entregar los datos y documentos necesarios para que la Dirección de Presupuesto pueda incorporar el detalle en el proyecto de presupuesto.

En cuanto a los informes, la reforma del artículo 52 obliga al Ministerio de Hacienda a remitir a la Contraloría General de la República, a más tardar el 1 de marzo, los informes consolidados habituales (resultado contable, tesorería, deuda, estados financieros consolidados, liquidación de ingresos y egresos, resultados físicos de programas y el informe anual sobre administración de bienes) y, además, un apartado desagregado e identificable para cada fideicomiso público que administre recursos vinculados al presupuesto, con el mismo nivel de detalle exigido para los programas presupuestarios. La Contraloría deberá remitir esos informes y su dictamen a la Asamblea Legislativa, según lo dispone el texto.

El articulado también indica que las exigencias de información se aplican "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8, 36 y 38" de la ley vigente, lo que sitúa los nuevos requisitos dentro del marco legal presupuestario existente. En la práctica, la iniciativa pretende que la transparencia y la trazabilidad de los recursos manejados por fideicomisos públicos queden incorporadas al proyecto de presupuesto y a los informes de control que recibe el Parlamento.

Por ejemplo señalan que el proyecto de presupuesto ordinario 2026 no incluía información complementaria sobre fideicomisos cuyo patrimonio al 2025 fue "de 0,7% del PIB (¢373.133 millones)" y aportan cifras del universo de fideicomisos a junio de 2025 (activos por ¢519.574 millones y pasivos por ¢146.589 millones). Esas referencias se usan en el texto para justificar la necesidad de mayor publicidad, pero no constituyen decisiones automáticas del proyecto; son antecedentes que motivan la medida.

El proyecto contiene una disposición sobre vigor que dice "Rige a partir de su publicación", lo que indica que, si se aprueba y se publica como ley, las obligaciones entrarían en vigor desde la fecha de publicación. El documento presentado es una iniciativa legislativa; por tanto, las obligaciones y plazos descritos en los artículos propuestos comenzarían a aplicarse solo después de la aprobación y publicación de la ley.