Proyecto de ley 25765: Ley especial de aguas termales y termalismo

El proyecto propone crear una ley especial que regule las aguas termales y el termalismo en todo el territorio nacional, definiendo su condición jurídica, su clasificación técnica, los usos permitidos, las áreas de protección hidrogeotermal, el control sanitario, la gobernanza institucional y un canon para su protección. Esta iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto define con precisión qué se entiende por agua termal y confirma la titularidad privada sobre estas aguas cuando brotan en un predio. Señala que se considerará «agua termal» la “toda agua subterránea de origen geotérmico comprobado que, en su punto de surgencia natural o artificial, presente una temperatura igual o superior a veinticinco grados Celsius (25 °C) y superior a la temperatura de referencia local”, y mantiene la regla histórica de que las aguas termales “pertenecen al propietario del terreno donde se encuentre su surgencia”, siempre sujetas a la regulación, protección y control público.

La ley propone una clasificación funcional de las aguas termales (por ejemplo termales mineralizadas, termales recreativas y de bienestar, y termales minero‑industriales) y delimita los usos que pueden recibir: servicios de salud que utilicen agua termal (con habilitación sanitaria), actividades recreativas, balneológicas y turísticas, aprovechamientos minero‑industriales y proyectos de investigación. Al mismo tiempo establece, con carácter general y salvo caracterización individual y autorización correspondiente, que la ley “no habilita el uso de aguas termales para abastecimiento poblacional, consumo humano, consumo animal o riego agropecuario”.

Para ordenar el registro y la información técnica crea el Inventario Nacional de Aguas Termales, a cargo de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía. La inscripción en ese Inventario será requisito para los aprovechamientos comerciales, terapéuticos o industriales regulados por esta ley; sin embargo, la inscripción tendrá efectos de registro técnico y de control del aprovechamiento y “no constituye autorización sanitaria, no habilita la prestación de servicios de salud, no sustituye el registro sanitario de productos y no acredita propiedades terapéuticas de la fuente”. Corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud evaluar y autorizar cualquier alegación terapéutica.

El proyecto establece que toda surgencia, pozo, yacimiento o cauce termal debe contar con una zona de protección hidrogeotermal delimitada mediante un estudio técnico individualizado que valore al menos caudal, temperatura, composición físico‑química, vulnerabilidad del yacimiento, área de recarga y riesgo de contaminación; mientras no exista un estudio y acto administrativo firme se aplicará el régimen que otorgue mayor tutela al recurso, al ambiente y a los derechos de terceros.

En materia de gobernanza y competencias el texto asigna funciones técnicas y de fiscalización a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (protección hidrogeotermal, caudales, captaciones, monitoreo y fiscalización), la administración y custodia del Inventario a la Dirección de Geología y Minas, y la rectoría sanitaria, la vigilancia, la habilitación de servicios de salud y la evaluación de alegaciones terapéuticas al Ministerio de Salud, que ejercerá esas funciones de manera exclusiva. Las municipalidades deben incorporar las zonas de protección hidrogeotermal en sus planes y reglamentos de ordenamiento territorial y la coordinación entre las instituciones será obligatoria.

Cuando un establecimiento ofrezca diagnóstico, tratamiento, rehabilitación u otras intervenciones de salud con empleo de agua termal requerirá, además del Permiso Sanitario de Funcionamiento, el permiso de habilitación correspondiente y cumplir con requisitos sanitarios adicionales (personal autorizado, protocolos clínicos, criterios de inclusión y exclusión, consentimiento informado, plan de atención de emergencias y vigilancia y notificación de eventos adversos). El Ministerio de Salud mantiene potestades para ordenar restricciones, suspensiones y clausuras cuando exista riesgo sanitario.

Para financiar la protección y sostenibilidad del recurso, el proyecto crea un canon de protección y sostenibilidad cuyo hecho generador es el aprovechamiento comercial, turístico, terapéutico, recreativo o industrial regulado por la ley. El monto anual del canon se establecerá según la categoría del aprovechamiento y el volumen aprovechado; el texto fija límites legales por categoría (por ejemplo, aprovechamientos de pequeña escala, hasta dos salarios base; de mediana escala, hasta ocho salarios base; y de gran escala, hasta veinte salarios base) y establece que “en ningún caso el monto anual podrá ser inferior a medio salario base ni superior a veinte salarios base”. Además, dispone que un veinte por ciento (20 %) de lo recaudado se transferirá al Ministerio de Salud para financiar actividades de vigilancia, inspección y control sanitario.

Clasifica infracciones como leves, graves y gravísimas y prevé multas, suspensión de autorizaciones y revocación en los casos más graves. Entre las conductas tipificadas como gravísimas está, por ejemplo, “Contaminar, alterar o deteriorar de forma significativa la composición química, temperatura, caudal o condiciones hidrogeotermales del recurso termal”. Las sanciones para infracciones gravísimas incluyen multas y hasta suspensión temporal de actividades o revocación de autorizaciones cuando haya reincidencia o daño grave al recurso o a la salud pública.

Los establecimientos termales existentes dispondrán de veinticuatro meses desde la entrada en vigor para adecuarse (plazo prorrogable una vez por el mismo término, para ajustes administrativos o documentales, mientras que las medidas esenciales de seguridad sanitaria deben cumplirse desde la vigencia de la ley); el Inventario nacional deberá estar operando dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigor del reglamento; y las personas o empresas que ya estén aprovechando aguas termales sin las inscripciones, autorizaciones o permisos requeridos tendrán un plazo improrrogable de doce meses para regularizar su situación, con la obligación de inscribir el aprovechamiento y presentar los estudios técnicos exigidos.

Modifica el inciso IV del artículo 4 de la Ley de Aguas para precisar que las aguas termales y minerales pertenecen al propietario del terreno y que su clasificación y regulación se sujetarán a la ley especial; añade un artículo 33 ter a la Ley Forestal para reconocer el régimen hidrogeotermal específico y reforma el Código de Minería para exceptuar de la reserva estatal las aguas termales y mineromedicinales destinadas a usos terapéuticos, balneológicos, de bienestar, recreativos o turísticos, sujetas al nuevo régimen. Estas modificaciones legales están previstas en el propio texto del proyecto y se aplicarían si la ley se aprueba.