Proyecto de ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027 (Expediente 25754)

El proyecto propone aprobar el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027, que fija los ingresos estimados, las autorizaciones de gasto y las reglas de ejecución que regirían el manejo de los recursos públicos durante ese año. El texto es la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea.

El documento es el primer presupuesto formulado por la nueva Administración y se apoya en principios de continuidad: disciplina fiscal, contención del gasto, control estratégico de la deuda y gestión activa de pasivos y liquidez. Plantea además un enfoque de “resiliencia fiscal” para crear márgenes que permitan responder a choques externos o internos sin ajustar bruscamente los servicios públicos. Esta exposición de motivos describe la línea de política fiscal que orienta la distribución de recursos y las prioridades del proyecto.

En ingresos, la Contraloría General certificó los ingresos estimados del proyecto con oficio del 24 de agosto de 2026, considerando supuestos macroeconómicos del Banco Central; el monto certificado de ingresos totales del anteproyecto aparece como ₡7.738.811,9 millones. El proyecto detalla categorías de ingresos (tributarios, contribuciones sociales, no tributarios, transferencias corrientes y de capital) y mecanismos de certificación y cálculo sobre la base del Informe de Política Monetaria y otros supuestos macroeconómicos.

Indica que para 2027 se proyecta un resultado primario presupuestario de 0,52% y que la relación deuda/PIB estimada para 2027 es de 65,5%. Señala que la gestión activa de pasivos (canjes, subastas y diversificación de instrumentos) busca mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero, pero advierte que las proyecciones están sujetas a riesgos como variaciones en el tipo de cambio, crecimiento, inflación o tasas de interés.

El texto incorpora cambios operativos derivados de la Ley 10.495 (Ley MEL) que otorgan a la Tesorería Nacional funciones activas de inversión de la liquidez pública. En ese marco, el presupuesto contempla partidas para adquisiciones de valores de instituciones públicas financieras por ₡50.000.000.000,0 y un código para reconocer intereses por ₡1.000.000.000,0 cuando aplique, siempre en los supuestos excepcionales previstos por la ley y su reglamento. El proyecto explica que esas operaciones deben sujetarse a una política de inversión aprobada y a reglas de trazabilidad y prudencia.

Incluye partidas para remuneraciones, intereses y comisiones, amortización, transferencias de capital (con montos importantes dirigidos a instituciones públicas financieras, gobiernos locales y fondos en fideicomiso), y una larga lista de programas e instituciones con sus montos y metas operativas. En el detalle final se reportan grandes rubros de amortización y transferencias; por ejemplo, se muestran cifras agregadas de amortización y transferencias de capital en el anexo y se indica que el total de amortización y otros rubros aparecen en las tablas del documento.

Autoriza subejecución de hasta 10% por programa en ciertos órganos; prohíbe usar remanentes de partidas de remuneraciones para aumentar otras partidas salvo excepciones expresas; fija bloqueos presupuestarios y condicionamientos específicos para el Poder Judicial (subpartidas bloqueadas hasta el cumplimiento de antecedentes y certificaciones); y limita la creación o uso de plazas nuevas salvo autorizaciones previstas. Estas reglas buscan controlar la ejecución y condicionar liberaciones presupuestarias a requisitos administrativos y de control.

En cuanto al trámite, la ficha oficial muestra que el expediente 25754 fue presentado por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre de 2026 y siguió el procedimiento legislativo normal (asignación a comisión, dictamen, y debates en Plenario). El proyecto publicado y analizado aquí corresponde al anteproyecto remitido para la discusión legislativa y, por tanto, su contenido puede modificarse hasta que la Asamblea Legislativa lo apruebe o rechace.