Proyecto 25752: regular quién y cómo puede declarar información como “secreto de Estado” y sus límites

El proyecto propone regular de forma detallada la figura del “secreto de Estado”, cambiar artículos de varias leyes vigentes (entre ellas el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 16 de la Ley General de Policía) y fijar reglas sobre cuándo el Poder Ejecutivo puede declarar información como secreta, cuánto tiempo puede durar esa reserva, cómo se desclasifica y qué sanciones aplican; la iniciativa está pendiente de aprobación. El texto explica que su objetivo es regular los secretos de Estado y “resguardar el Estado Social y Democrático de Derecho” mediante un cuerpo normativo especial.

Lo presenta como una condición jurídica excepcional y temporal que el Poder Ejecutivo declara por decreto sobre información que, si se divulga sola o con otra información, “genera un riesgo real e identificable de daño significativo” a intereses como la seguridad nacional, la integridad territorial o negociaciones internacionales en curso, y precisa que ese riesgo debe ser superior al interés público de acceso a la información. Esa definición condiciona la posibilidad de reservar datos al cumplimiento de un umbral de daño concreto.

El proyecto establece una lista cerrada de supuestos en los que solamente podrá declararse secreto de Estado: cuando se comprometa la capacidad del país para repeler agresiones externas; cuando se revelen planes, capacidades o procedimientos operativos cuya divulgación permita neutralizarlos; cuando la difusión ponga en riesgo cierto la vida o integridad de personas por sus funciones de seguridad; y en materias de relaciones exteriores concertadas con otros sujetos del Derecho Internacional Público. El texto dice expresamente que esas causales son taxativas y que la carga de acreditarlas corresponde al Poder Ejecutivo.

No podrá ser secreto la información relativa a actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones graves a derechos humanos cometidas por funcionarios o fuerzas del orden, ni acciones que las faciliten o encubran. Asimismo, el proyecto impide que se declare secreto de Estado sobre los montos de las compras públicas y sobre los expedientes administrativos de contratación pública, aun cuando la contratación ocurra dentro de una declaratoria.

En cuanto a plazos y desclasificación, el decreto que declare secreto fijará su vigencia, pero nunca podrá exceder de cinco años desde su publicación en el Diario Oficial; la declaratoria podrá prorrogarse de oficio una sola vez por hasta cinco años adicionales y en ningún caso la vigencia total podrá exceder de diez años. Al vencimiento del plazo o de su prórroga la información “recobra su condición de pública de pleno derecho, sin necesidad de acto administrativo alguno”. Cualquier persona podrá solicitar la desclasificación anticipada y la solicitud deberá resolverse mediante acto motivado dentro de diez días hábiles.

Para controles y procedimientos previos, el Poder Ejecutivo deberá consultar obligatoriamente a la Procuraduría General de la República antes de dictar o prorrogar un decreto que declare secreto de Estado; el dictamen de la Procuraduría será de acceso público, se publicará en sus medios oficiales y la Procuraduría deberá rendirlo dentro de quince días hábiles; además la ausencia de dictamen en ese plazo no habilita la emisión del decreto. El proyecto dispone que una declaratoria contraria a la ley es absolutamente nula y no producirá efecto alguno.

El proyecto incorpora sanciones administrativas y penales. Reforma el Código Penal para tipificar la revelación y el espionaje de secretos de Estado, estableciendo, por ejemplo, que la revelación será reprimida con prisión de uno a seis años y que la pena se agrava a dos a ocho años cuando la conducta se realice por manipulación informática, programas maliciosos o por el uso de inteligencia artificial. También clasifica faltas disciplinarias para funcionarios (desde sanciones administrativas hasta despido o cese de ministros) por conductas como emitir decretos sin la motivación legal, retener información desclasificada o impedir la transferencia de documentos al Archivo Nacional.

En lo transitorio, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, a revisar todas las declaratorias de secreto de Estado y a adecuarlas a la nueva norma o a dejarlas sin efecto; esto es una obligación expresa para ajustar las reservas anteriores a los criterios que fija la ley.