Proyecto 25744: regulación de la forma de pago y trazabilidad de honorarios de abogados en casos de narcotráfico y crimen organizado

El proyecto propone adicionar un artículo a la Ley N.º 7786 para exigir trazabilidad y verificar el origen lícito de los honorarios que reciben los abogados que defienden a personas imputadas o condenadas por delitos incluidos en esa ley; el proyecto está pendiente de aprobación y figura con el expediente número 25744, publicado el 2026-09-04.

La norma propuesta se aplica a los honorarios profesionales derivados de la representación legal de personas imputadas o condenadas por los delitos previstos en la Ley N.º 7786, incluida la defensa en investigaciones y procesos por delincuencia organizada. El texto plantea reglas sobre cómo se pueden pagar esos honorarios y las pruebas que deben conservarse para demostrar el servicio prestado.

Los honorarios podrán pagarse en dinero en efectivo hasta por un monto de diez salarios base mensuales (según el salario base fijado por la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993). Una vez superado ese umbral —o cuando pagos fraccionados acumulen ese límite—, los pagos posteriores deberán realizarse mediante medios de pago emitidos o procesados por entidades financieras supervisadas, de modo que quede identificado el ordenante, el beneficiario, el monto y la fecha de la operación.

El proyecto permite el pago fraccionado de los honorarios cuando responda a la naturaleza del servicio, sus etapas o las actuaciones propias de la prestación profesional; sin embargo, esos pagos fraccionados se considerarán acumulados cuando correspondan a la misma relación profesional de defensa, aunque se efectúen en fechas distintas o por diferentes actuaciones procesales. Esto significa que la suma de pagos parciales puede alcanzar el umbral que exige el uso de medios trazables.

El texto asigna responsabilidades de documentación y control. Los abogados defensores deberán conservar durante cinco años, contados desde la fecha del último pago correspondiente a la relación profesional, las facturas electrónicas que acrediten el servicio prestado. Además, el proyecto asigna a la persona que efectúa el pago la responsabilidad de acreditar, cuando corresponda, el origen lícito de los fondos.

En caso de que un abogado no cumpla las obligaciones previstas en el artículo (por ejemplo, respecto de la forma de pago o la conservación de facturas), el incumplimiento deberá comunicarse a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para que se proceda conforme al régimen disciplinario aplicable. La propuesta dispone que la norma rija a partir de su publicación.

En sus considerandos, el proyecto afirma que busca fortalecer el marco jurídico para la prevención y combate de la legitimación de capitales y se apoya en recomendaciones internacionales (por ejemplo del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI) que identifican a la abogacía entre actividades susceptibles de ser utilizadas en operaciones financieras de clientes. Al mismo tiempo, el texto aclara que la medida es complementaria a las normas de prevención del lavado de activos y no regula la estrategia de defensa, el contenido de las comunicaciones entre abogado y cliente ni el secreto profesional; se plantea como una regla objetiva sobre el mecanismo de pago para facilitar la trazabilidad sin impedir el acceso a la defensa técnica.

Queda pendiente que la Asamblea Legislativa apruebe, modifique o rechace este proyecto; la explicación anterior se basa en el texto propuesto y en sus condiciones, límites y obligaciones tal como aparecen en el expediente 25744 y en el articulado propuesto.