Proyecto 25732: Proyecto que añade excepciones al uso del Sistema Digital Unificado para Juntas de Educación y Asociaciones de Desarrollo Comunal

El proyecto propone adicionar un párrafo tercero al artículo 1 y cinco párrafos finales al artículo 16 de la Ley N.º 9986 (Ley General de Contratación Pública) con el objetivo de crear excepciones al uso obligatorio del Sistema Digital Unificado para las Juntas de Educación y las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se trata de una iniciativa legislativa presentada en la Asamblea Legislativa como proyecto de ley ordinario y está pendiente de aprobación.

El proyecto afecta principalmente a las Juntas de Educación reguladas por la Ley N.º 10631 y a las Asociaciones de Desarrollo Comunal reguladas por la Ley N.º 3859. El texto distingue las dos organizaciones por su naturaleza jurídica y propone un tratamiento diferenciado: para las Juntas de Educación se crea expresamente un régimen especial cuantitativo; para las Asociaciones de Desarrollo Comunal se mantiene el régimen establecido en el artículo 1 de la Ley N.º 9986, pero se introduce una modificación puntual respecto al uso obligatorio del Sistema Digital Unificado.

Para las Juntas de Educación la norma propuesta establece que la Ley General de Contratación Pública (su aplicación integral) se aplicará únicamente cuando «el monto de la contratación supere el cincuenta por ciento (50 %) del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario». Cuando las contrataciones no superen ese umbral, las Juntas deberán respetar el régimen de prohibiciones y los principios constitucionales y legales de la contratación pública, pero estarán exceptuadas del uso obligatorio del Sistema Digital Unificado para la promoción y tramitación de sus procedimientos.

Respecto a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, el proyecto indica que no modifica el régimen del artículo 1 relativo al cincuenta por ciento y que estas organizaciones seguirán sometidas a las reglas que actualmente aplican a los sujetos privados que administran fondos públicos. La modificación propuesta se concentra en exceptuarlas del uso obligatorio del Sistema Digital Unificado, según las condiciones que señala el articulado (el texto incluye expresamente que “el cambio consiste específicamente en establecer una excepción al uso obligatorio del Sistema Digital Unificado cuando, por superar ese umbral, deban aplicar integralmente la Ley General de Contratación Pública”).

El proyecto insiste en que la excepción al uso obligatorio del Sistema Digital Unificado no elimina las obligaciones de documentación, publicidad y fiscalización. En los casos en que las contrataciones se tramiten fuera del Sistema Digital Unificado, deberán quedar registradas en un expediente físico o electrónico que permita reconstruir las actuaciones y garantizar la fiscalización, y ese expediente deberá contener, como mínimo, la identificación de la necesidad que origina la contratación, el objeto contractual, la estimación y el monto contratado, la fuente de financiamiento, los oferentes considerados cuando corresponda, el proveedor seleccionado y la justificación de la selección.

La iniciativa establece además la obligación de que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en un plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor, y dispone que la norma rige a partir de su publicación. El texto mantiene la obligación de conservar información y publicidad mínima sobre las contrataciones realizadas fuera del Sistema Digital Unificado y limita el alcance de la reforma a la excepción del uso obligatorio del Sistema Digital Unificado, sin cambiar expresamente otras obligaciones sustantivas señaladas en la Ley N.º 9986.

Su naturaleza es la de un “PROCEDIMIENTO PROYECTO DE LEY ORDINARIO” presentado en la Asamblea Legislativa (expediente número 25732).