Proyecto 25731: Proyecto propone reformar el artículo 14 bis de la Ley DINADECO para permitir ventas y arriendos entre asociaciones de desarrollo y la Administración Pública

El proyecto propone modificar el artículo 14 bis de la Ley 3859 (Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, DINADECO) para que las asociaciones para el desarrollo de las comunidades puedan vender servicios, comercializar bienes y arrendar sus bienes a la Administración Pública. El texto usa la palabra “podrán”, lo que otorga a las asociaciones la posibilidad de hacerlo, pero no las obliga a vender o arrendar.

Entiende por servicio “el conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la Administración en aras de cumplir un fin público”. Esa definición aclara qué tipo de trabajos o actividades podrían ofrecer las asociaciones cuando celebren contratos con entidades públicas.

El proyecto establece cómo deben usarse los excedentes que obtengan las asociaciones por esas contrataciones. Señala que, de los excedentes obtenidos conforme a las contrataciones, “hasta un cincuenta por ciento (50%) podrá invertirse en capital de trabajo.” Añade que “el restante cincuenta por ciento (50%) deberá emplearse en los programas desarrollados por dichas asociaciones, conforme a los fines señalados en la presente ley, su reglamento y los respectivos estatutos de la organización.” Esa regla divide en dos el destino de los excedentes: una parte (hasta 50%) podrá usarse como capital de trabajo y la otra parte (50%) se deberá destinar a los programas de la asociación.

El proyecto autoriza a múltiples entidades públicas a contratar servicios y arrendar bienes a estas asociaciones y establece que esas contrataciones deben respetar los procedimientos de compra públicos. Entre las entidades mencionadas están la Administración Pública central, la descentralizada y sus órganos desconcentrados, el Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones autónomas y entes semiautónomos, las empresas públicas del Estado y las municipalidades. Además, señala que las contrataciones se harán “según los procedimientos señalados en la Ley N.º 9986, Ley de Contratación Pública y su Reglamento”, lo que implica que los procesos de contratación deberán ajustarse a la normativa de contratación pública vigente.

La iniciativa vincula su objetivo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular con el Objetivo 11, que busca que “las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Esa referencia aparece como un marco de política pública y como una justificación del proyecto.

El expediente registrado es el 25731 y el proponente es el diputado Royner G. Mora Ruíz; el trámite del proyecto inició el 2026-08-19 y la fecha de publicación aparece como 2026-08-28. El texto indica que la norma “Rige a partir de su publicación.” El proyecto está pendiente de aprobación; su vencimiento cuatrienal figura como 2030-08-19.