Proyecto 25728: Ley para la determinación de las tasas máximas de interés para las operaciones de crédito

El proyecto propone crear un marco legal que establezca cómo se fijan y aplican las tasas máximas de interés (llamadas Tasa Máxima Aplicable, TMA) para los productos de crédito ofrecidos en Costa Rica, definiendo responsabilidades técnicas, obligaciones de registro y sanciones. Esta propuesta está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto propone que la ley tenga por objeto «establecer el marco legal aplicable para la determinación y aplicación de tasas de interés máximas en los productos de crédito ofrecidos en el mercado crediticio costarricense», de modo que la norma regula el procedimiento y las reglas para calcular y publicar esas tasas máximas. La norma reserva la definición técnica de la TMA y su cálculo a la autoridad competente, y prevé su publicación oficial para aplicación anual.

El proyecto propone que la ley aplique a «las personas físicas y jurídicas que son oferentes de productos crediticios y que se dedican al otorgamiento de crédito de forma habitual, en el territorio nacional», incluyendo tanto a las entidades supervisadas por la SUGEF como a oferentes que no realizan intermediación financiera cuando actúen de forma habitual; quedan expresamente excluidos «los créditos comerciales y las operaciones de financiamiento ocasional, en los términos definidos en esta Ley». Es decir, la norma alcanza a la oferta regular de crédito dirigida al mercado costarricense y deja fuera, por su naturaleza, ciertos créditos comerciales o puntuales.

El proyecto propone un modelo institucional en el que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) desarrolla técnicamente la metodología para calcular las TMA, y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) aprueba esa metodología; por su parte, corresponderá a la SUGEF «determinar y publicar periódicamente las TMA resultantes». En la práctica, eso significa que la autoridad técnica (SUGEF) construirá los cálculos técnicos y el órgano superior (CONASSIF) validará la metodología antes de que la SUGEF fije y publique las tasas.

Deberán registrarse ante la SUGEF y entregar la información técnica estandarizada que la Superintendencia defina para permitir el cálculo de la TMA; la SUGEF administrará además «un registro electrónico de cumplimiento de obligaciones de información» que contendrá, para cada sujeto, su estado registral vigente. La ley establece que la información que los oferentes entreguen debe ser verificable y que la SUGEF podrá automatizar procesos de recepción y verificación.

El proyecto propone que la metodología de cálculo considere factores técnicos y económicos relevantes para la sostenibilidad de la oferta formal, listando expresamente elementos como: "el costo de fondos en el que incurren los oferentes", "elementos técnicos y métricas relacionadas con el riesgo y la pérdida esperada", "la estructura de costos asociada al otorgamiento y gestión de los créditos" y "costos asociados a comisiones y gastos de cobranza y recuperación". Cualquier cambio metodológico deberá someterse a aprobación del CONASSIF y la metodología será revisada periódicamente.

El proyecto propone un régimen sancionatorio administrativo contra oferentes que incumplan obligaciones de registro, calidad o entrega de información: incluye multas y medidas administrativas que van desde multas hasta la suspensión temporal para otorgar crédito y, en casos, la cancelación del registro del oferente. El texto regula además un «procedimiento especial abreviado de terminación anticipada» cuando el presunto infractor reconozca su responsabilidad, y prevé que la SUGEF remita a la Fiscalía indicios de posibles delitos relacionados con cobros por encima de la TMA.

La SUGEF contará con un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, para definir los requisitos de registro y el reglamento; el CONASSIF tendrá un plazo máximo de dos años para aprobar la metodología propuesta por la SUGEF; y la metodología aprobada deberá publicarse oficialmente (por ejemplo en La Gaceta) y los resultados de la TMA se publicarán anualmente. Estos plazos buscan ordenar la implementación técnica y la disponibilidad de la información antes de que las tasas resultantes se apliquen de forma general.