Proyecto 25724: Ley para crear un Estatuto de Empleo Público del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

El proyecto propone crear un Estatuto de Empleo Público específico para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que establezca cómo se contrata, clasifica, remunera y disciplina al personal de esa institución, con el fin declarado de garantizar eficiencia y mejorar la gestión de talento y la respuesta al mercado laboral. La iniciativa es un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El texto decide que la contratación del personal del INA quedará regida por ese nuevo estatuto, que será de naturaleza pública y deberá respetar los principios del empleo público previstos en la Constitución y en la normativa aplicable. Al mismo tiempo reconoce la convivencia con normas vigentes: para las personas ya sujetas al Régimen del Servicio Civil, ese régimen seguirá aplicando respecto de quienes lo tengan al momento de entrada en vigor del nuevo estatuto. El proyecto fija expresamente que la contratación del INA se ajustará también a la Ley Marco de Empleo Público y a otras normas que correspondan.

Incluye nombramientos en propiedad (permanentes tras concurso), interinos, por tiempo definido (para atender necesidades temporales o proyectos) y puestos de confianza que serán de libre nombramiento y remoción por la jerarquía correspondiente; además establece límites temporales para ciertos nombramientos temporales y reglas sobre prórrogas. El proyecto entrega a la Junta Directiva del INA la responsabilidad de definir escalafón, estructura salarial, manual de puestos y criterios técnicos para selección y movilidad interna, siempre respetando los principios de idoneidad y transparencia que se exigen en la ley.

Sobre reclutamiento, el estatuto incorpora la utilización de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) como plataforma para la gestión de oferentes y registros de elegibles; además obliga a la Unidad de Recursos Humanos del INA a gestionar un registro interno que se integre con la plataforma pública de empleo del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). El texto establece procedimientos de selección con fases de oposición y mérito para nombramientos de propiedad y reglas para la formalización de nombramientos, permiso de prueba y garantías de trato igualitario y no discriminación.

En materia disciplinaria y de derechos, el proyecto mantiene derechos básicos de las personas servidoras como la estabilidad en el empleo (para quienes acceden por concurso de idoneidad), remuneración proporcional al puesto, vacaciones, póliza de riesgos, capacitación y debido proceso. A la vez regula sanciones y procedimientos disciplinarios y reserva a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva competencias disciplinarias y de aplicación de sanciones, con la posibilidad de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil cuando corresponda.

El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación necesaria en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor; el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) debe publicar las clases salariales y sus salarios en seis meses; y el INA tiene seis meses para ajustar su normativa interna y emitir los manuales y directrices que establezca el Estatuto. Además el proyecto incluye disposiciones para proteger derechos adquiridos y reglas de transición para las plazas que se generen por jubilación, cese o ascenso.

El proyecto reconoce y toma en cuenta una decisión previa de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional una reforma que autorizó la aplicación general del derecho laboral común sobre todo el personal del INA; por eso el texto busca establecer un régimen propio del INA sin sustituir de forma general el régimen público del empleo ni eliminar las garantías constitucionales de idoneidad y estabilidad para quienes ingresen por concurso. En varios artículos y considerandos el texto reitera que una institución autónoma puede contar con su propio estatuto de empleo, siempre que respete principios constitucionales en materia de empleo público.

Tendría potestad para diseñar su carrera administrativa y escala salarial acomodada a sus funciones; usaría la ANE y un registro interno para atraer candidatos; podría nombrar cargos de confianza con libre remoción; establecería sus propios procesos de selección y manuales de puestos a cargo de la Junta Directiva; y los plazos legales obligarían a publicar salarios y reglamentaciones en los seis meses posteriores a la vigencia del estatuto. Todo lo anterior está planteado como reglas que entrarían en vigor sólo cuando la ley sea aprobada y reglamentada, por lo que hoy son propuestas sujetas a trámite parlamentario.