Proyecto 25708: creación del Mecanismo (Madetai) para detección temprana y atención integral de menores en situación de riesgo

El proyecto propone crear el “Mecanismo de Articulación para la Detección Temprana y Atención Integral de Personas Menores de Edad en Situación de Riesgo (Madetai)” como un mecanismo interinstitucional para proteger a las personas menores de edad frente a la criminalidad. El texto establece la creación formal del Madetai y define su propósito como herramienta para detectar precozmente situaciones de riesgo y articular la atención entre instituciones públicas.

El proyecto aplica a las personas menores de edad que se encuentren como estudiantes activos en centros educativos públicos o privados del territorio nacional. Es decir, las normas que propone rigen para alumnos y alumnas que estén matriculados y activos en instituciones educativas, y su ámbito de aplicación es nacional.

El proyecto obliga a que todo funcionario de un centro educativo público o privado que conozca hechos objetivos y verificables que puedan poner a un estudiante en situación de riesgo lo comunique de inmediato a la dirección del centro. Para cada caso se abrirá un expediente individual de atención y seguimiento, de carácter preventivo, protector y confidencial. El expediente, según la iniciativa, “no constituirá antecedente penal, policial ni administrativo sancionatorio” y no podrá usarse para restringir derechos o generar discriminación contra la persona menor de edad.

Por ejemplo, ante introducción, posesión, tenencia, distribución o consumo de drogas en el centro; portación de armas u objetos para amenazar o causar daño; participación en hechos graves de violencia escolar; o existencia de indicios de reclutamiento, captación o utilización de menores para actividades ilícitas. El proyecto además dispone que la información del expediente se conservará mientras la persona menor de edad mantenga la condición de estudiante activo.

Para la atención de los casos, el centro educativo remitirá solo la información necesaria a las instituciones competentes siguiendo rutas de atención establecidas. Esas rutas mínimas incluyen: protección (PANI), salud (CCSS), adicciones (IAFA), seguridad (OIJ y dependencias policiales especializadas) y seguimiento educativo (MEP). Cada institución tendrá acceso únicamente a la información necesaria para ejercer sus competencias.

En cuanto a la confidencialidad y uso de los datos, el proyecto prevé que la información tendrá carácter protector y confidencial y que la información anonimizada podrá utilizarse para alertas tempranas y análisis de riesgo; sin embargo, el expediente individual no debe generar antecedentes punitivos ni discriminatorios.

Sobre el financiamiento, la iniciativa establece que la ejecución de la ley se hará con cargo a los recursos ordinarios, humanos, tecnológicos y presupuestarios ya asignados a las instituciones participantes, y explícitamente dispone que no autoriza la creación de nuevas plazas ni genera incrementos automáticos del gasto público.

Finalmente, el proyecto fija un plazo de seis meses desde su publicación para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley y dispone que la norma rija a partir de su publicación. Esta iniciativa es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por las instancias legislativas correspondientes.