Proyecto 25707: reforma a los artículos 9, 11 y 95 de la Ley General de Migración y Extranjería para fortalecer la gobernanza migratoria y crear vías de integración para personas bajo protección internacional

El proyecto propone reformar los artículos 9, 11 y 95 de la Ley General de Migración y Extranjería (Ley N.° 8764) para fortalecer la gobernanza de la política migratoria y crear mecanismos claros de integración y regularización para personas reconocidas como refugiadas, asiladas o apátridas; el texto es una iniciativa legislativa que está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. La reforma concreta que presenta es una modificación parcial de la ley vigente y, mientras no sea aprobada, no produce efectos jurídicos.

La propuesta crea y define con más fuerza al Consejo Nacional de Migración como órgano rector de la política migratoria: lo ubica adscrito al Poder Ejecutivo (por medio del Ministerio de Gobernación y Policía y la Dirección General de Migración y Extranjería) y le otorga carácter vinculante para definir lineamientos generales de política migratoria. El Consejo debe estar integrado al “más alto nivel político-administrativo”, con ministros o viceministros, e incluir mecanismos de participación de la sociedad civil y de organismos internacionales especializados. La norma exige que el Consejo actúe respetando principios como derechos humanos, igualdad de trato, no discriminación, unidad familiar, el interés superior de la persona menor de edad, el principio de no devolución y la prohibición de regresividad en derechos. Estas reglas obligan a que las decisiones del Consejo respeten estándares de protección y no permitan retrocesos injustificados en derechos.

La reforma detalla funciones concretas y vinculantes del Consejo Nacional de Migración. Entre ellas están: definir y aprobar los lineamientos generales de la política migratoria y las medidas necesarias para ejecutarla; coordinar, articular y supervisar la ejecución de esa política entre las instituciones públicas; emitir directrices y criterios técnicos vinculantes para la Dirección General de Migración y Extranjería; promover y garantizar la integración social de las personas extranjeras mediante políticas en salud, educación, empleo, seguridad social y asistencia; asegurar la participación efectiva de organizaciones de personas migrantes, refugiadas y solicitantes en la formulación y evaluación de la política; evaluar periódicamente la implementación y emitir informes públicos; y nombrar y destituir a los miembros del Tribunal Administrativo Migratorio conforme a criterios de idoneidad e independencia. Para decisiones que involucren a menores de edad, el Consejo debe convocar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

En lo relativo a las personas reconocidas como refugiadas, asiladas o apátridas, el proyecto modifica el artículo 95 para establecer límites y opciones concretas: las “categorías especiales” de extranjeros no crearán derechos de permanencia definitiva, excepto las categorías de refugiados, asilados y apátridas, que se rigen por los instrumentos internacionales vigentes. Las personas formalmente reconocidas como refugiadas podrán optar por mecanismos de regularización migratoria permanente u otras categorías migratorias previstas por la ley o que se creen por reglamento, siempre con criterios humanitarios y de integración durable. El acceso a esos mecanismos no será, por sí solo, causal automática de pérdida (cesación) de la condición de refugiado; la cesación solo puede producirse por las causales expresamente previstas en la legislación nacional y el derecho internacional aplicable. Además, el proyecto exige que los procedimientos de regularización sean ágiles, accesibles y respetuosos del principio de no devolución, de la unidad familiar y del interés superior de la persona menor de edad.

Las reformas no crearán regímenes generales de regularización migratoria ni suprimirán los controles migratorios ordinarios del Estado, y no modificarán las competencias de la Dirección General de Migración y Extranjería en materia de control, permanencia y regulación migratoria. La iniciativa se presenta como un desarrollo normativo parcial y orientado a coherencia con obligaciones internacionales y estándares de protección, sin sustituir íntegramente el modelo migratorio vigente.

Respecto al trámite de puesta en marcha, el proyecto incluye un artículo transitorio que obliga al Poder Ejecutivo, por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería y previa consulta con el Consejo Nacional de Migración, a adecuar el reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia de la reforma. El propósito de ese reglamento es desarrollar los mecanismos de regularización, integración durable y acceso a categorías migratorias permanentes aplicables a personas refugiadas, asiladas y apátridas reconocidas formalmente por el Estado. Además, las personas reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia podrán acogerse a los mecanismos que se reglamenten.

Las instituciones públicas relacionadas con migración (Dirección General de Migración y Extranjería y ministerios sectoriales) tendrían que acatar lineamientos vinculantes del Consejo y coordinar políticas integrales para la inclusión (salud, educación, empleo, seguridad social). Las personas reconocidas como refugiadas, asiladas o apátridas tendrían, si se aprueba y se reglamenta lo previsto, la posibilidad de optar a mecanismos de regularización permanente sin que esa sola opción implique perder automáticamente su condición de protección internacional. La sociedad civil y las organizaciones de personas migrantes pasarían a tener participación explícita y obligatoria en la formulación y evaluación de políticas. El detalle administrativo y operativo (requisitos, formularios, plazos y criterios concretos para los mecanismos de regularización) quedará definido en el reglamento que debe elaborarse en los doce meses siguientes a la eventual entrada en vigencia de la ley; hasta entonces la propuesta no crea derecho reglado distinto al que ya exista.

La iniciativa busca convertir al Consejo Nacional de Migración en un órgano rector y vinculante, incorporar principios de derechos humanos y no regresividad, obligar a la coordinación interinstitucional y abrir la posibilidad legal de regularización permanente para personas bajo protección internacional reconocidas por el Estado, con salvaguardas sobre la no pérdida automática del estatuto de refugiado y con la obligación de reglamentar en 12 meses. El texto es un proyecto de ley y, por tanto, está pendiente de debate y aprobación en la Asamblea Legislativa; sus efectos concretos dependen de su aprobación y de la regulación que se dicte luego.