Proyecto 25705: Ley que regula el uso del SINIRUBE en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

El proyecto propone permitir que las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) accedan y usen el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) para la identificación y verificación de familias que solicitan subsidios de vivienda, mediante cambios en las leyes 7052 y 9137; el proyecto está pendiente de aprobación. La iniciativa modifica normas vigentes e incluye obligaciones, excepciones y un plazo transitorio para su reglamentación.

La exposición de motivos del proyecto señala informes de la Contraloría General de la República que detectaron debilidades en la asignación de los Bonos Familiares para la Vivienda (BFV) y fallas en la verificación de ingresos y trazabilidad de beneficiarios. Esos informes dicen que la asignación del artículo 59 no cumple normas y que procesos manuales y unipersonales generan “un alto grado de subjetividad y discrecionalidad”, además de que el vacío de información en el SINIRUBE hace perder la trazabilidad de ₡8.968 millones otorgados; también se documentaron casos en que personas recibieron bonos con ingresos superiores a los límites establecidos. Estas observaciones se usan como motivo para proponer el acceso al SINIRUBE por parte de las entidades autorizadas del SFNV.

Se adiciona un inciso (c) al artículo 81 bis de la Ley N.°7052 que prohíbe a las entidades autorizadas tramitar los subsidios y programas de vivienda al amparo del Artículo 59 cuando los posibles beneficiarios no estén registrados en el SINIRUBE, salvo en casos excepcionales considerados como situaciones de emergencia. En la práctica, eso significa que, a menos que exista una emergencia expresamente considerada, las entidades del SFNV deberán verificar en SINIRUBE que las familias estén registradas antes de tramitar esos subsidios.

El proyecto reforma además el artículo 6 de la Ley N.°9137 para establecer que forman parte del SINIRUBE tanto el BANHVI como las entidades autorizadas del SFNV, y que dichas entidades “contarán con personal capacitado y autorizado para acceder a la información disponible en el SINIRUBE” con la finalidad de gestionar la identificación y verificación de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad que pretendan acceder a programas sociales de vivienda. Esto describe quiénes podrían consultar el sistema y con qué propósito.

Otra modificación importante es la adición del artículo 7 a la Ley N.°9137, que obliga a las instituciones y entidades que participan en programas sociales a incorporar y mantener actualizada la información requerida por el SINIRUBE, incluyendo datos socioeconómicos de los hogares, registros de programas y beneficios otorgados, y otra información necesaria para identificación, priorización, seguimiento y evaluación. El proyecto aclara que la actualización solo podrá hacerla quien cuente con los convenios institucionales correspondientes con el SINIRUBE, según las disposiciones que regulan el acceso, registro y tratamiento de la información.

Seis meses posteriores a la aprobación de la ley el BANHVI, en coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en su condición de administrador del SINIRUBE, reglamentarán la ley y definirán los casos excepcionales considerados como situaciones de emergencia. Esa reglamentación debe establecer detalles prácticos y los criterios para las excepciones que permite la norma.

Dispone que la consulta y uso de la información estarán sujetas a los deberes de confidencialidad y seguridad de la Ley N.°8968 (Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales) y que cualquier uso distinto al autorizado será sancionado conforme al ordenamiento jurídico vigente. El texto también reconoce que actualmente “solo el BANHVI cuenta con acceso” al SINIRUBE, por lo que la norma busca habilitar expresamente a las entidades autorizadas del SFNV para acceder al sistema bajo los parámetros y resguardos exigidos.

En cuanto a efectos prácticos y alcance, la propuesta afecta al BANHVI y a las entidades autorizadas del SFNV (tanto públicas como privadas que actúan como “ventanillas” en la tramitación de BFV). Entre los objetivos declarados en el proyecto figuran asegurar transparencia y eficiencia en el otorgamiento de subsidios de vivienda, exigir el uso del SINIRUBE para los beneficios del artículo 59, establecer la obligación de mantener la información actualizada y evitar un doble plazo de verificación por parte del BANHVI, disminuyendo tiempos en procedimientos internos. Estos son los fines que el proyecto declara, pero su entrada en vigor y aplicación dependerán de su aprobación y de la reglamentación transitoria que fije el BANHVI e IMAS.

Permite tramitar subsidios sin registro en SINIRUBE solo en “aquellos casos excepcionales considerados como situaciones de emergencia”. El proyecto, por tanto, deja material importante (criterios de emergencia y detalles operativos) para la reglamentación posterior.

Queda aclarado que este documento es un proyecto de ley y que su texto, las obligaciones y las excepciones descritas son propuestas que están pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa y de reglamentación por las autoridades competentes según el transitorio.