Proyecto 25696: Ley de modernización y fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo

El proyecto propone modernizar y fortalecer la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo mediante cambios legales que amplían sus funciones, crean un procedimiento administrativo sancionador y regulan el régimen de visitas e inspecciones. La iniciativa modifica artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y del Código de Trabajo para dar un marco normativo a esas facultades y procedimientos; el proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto modifica de manera explícita varios artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Código de Trabajo para incorporar las medidas propuestas. El articulado inicial dispone que se modifiquen, entre otros, los artículos 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 102 y 139 de la Ley Orgánica y varias disposiciones del Código de Trabajo, con el propósito de actualizar la regulación de la inspección laboral.

Una fase investigativa y, si corresponde, una fase sancionatoria administrativa. Para la fase investigativa introduce el “acta de prevención”, un mecanismo para notificar al empleador las infracciones detectadas y fijar un plazo para que se corrijan antes de iniciar sanciones administrativas. Si vencido ese plazo persiste el incumplimiento, se activa el procedimiento sancionador.

El proyecto amplía las facultades operativas de las personas inspectoras. Entre otras potestades, les otorga la capacidad de visitar e inspeccionar centros de trabajo sin previo aviso, ingresar a todas las áreas donde se realizan labores y requerir información y documentación en el desarrollo del ciclo inspectivo. También faculta la solicitud de auxilio de la Fuerza Pública cuando se obstruya injustificadamente la labor inspectiva.

La iniciativa permite la realización de inspecciones virtuales cuando el cumplimiento pueda acreditarse por medio de prueba documental, y refuerza la obligación de examinar condiciones de salud ocupacional, seguridad y condiciones laborales. Además mantiene la posibilidad de control judicial posterior sobre las actuaciones administrativas, según lo previsto en el texto.

En materia sancionatoria, el proyecto traslada a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo la competencia para imponer sanciones administrativas por las infracciones previstas, estableciendo plazos y recursos internos: la Jefatura Regional deberá emitir la resolución final en el plazo de 15 días hábiles y existe un recurso de apelación dentro de plazos administrativos; además se actualiza la graduación de multas y la tipificación de infracciones según su gravedad.

Introduce visitas de asistencia técnica, la autoevaluación de riesgos laborales por parte de empleadores y la creación de una Escuela de Inspección Laboral encargada de capacitación, asesoría y promoción de buenas prácticas para prevenir riesgos y mejorar cumplimiento.

Propone que las infracciones relacionadas con el Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente sean competencia de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, sujetas tanto al Código de Trabajo como a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, con el fin de dar una respuesta estatal más rápida y preventiva en esos casos.

Sobre recursos y destino de multas, el texto dispone que parte de lo recaudado por multas se destine a mejorar los sistemas de inspección y otra parte al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social; concretamente establece la distribución en dos porcentajes de 50% cada uno. El proyecto prevé, además, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emita las reglamentaciones necesarias para implementar el régimen sancionador y la imposición administrativa de multas dentro de plazos que fija la norma.

El proyecto fue presentado con expediente número 25696 y, según el texto, la ley prevista regiría un año después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Reitero que se trata de un proyecto de ley pendiente de tramitación y aprobación por la Asamblea Legislativa: sus efectos solo serán obligatorios si se aprueba y se publica conforme a la normativa vigente.