Proyecto 25692: Reforma constitucional para modernizar el sistema de control fiscal y transitar hacia un modelo de fiscalización ex post (modificación artículo 184)

El proyecto propone reformar el artículo 184 de la Constitución Política para que el control que ejerza la Contraloría General de la República sea predominantemente posterior (fiscalización ex post). El texto es el expediente 25692 y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. La iniciativa busca que el control se oriente a revisar la ejecución y los resultados después de ejecutados los actos y gastos, en lugar de exigir que la Contraloría autorice o refrende previamente cada pago o contrato.

El cambio concreto que plantea el articulado es que la Contraloría "fiscalizará la ejecución de los presupuestos" y que "el control que ejerza la Contraloría será predominantemente posterior mediante los mecanismos de fiscalización que determine su Ley Orgánica". En la práctica, según el proyecto, ese control posterior podrá realizarse de manera continua o después de la ejecución de los actos, y la validez o eficacia de los actos no dependería de una autorización o aprobación previa de la Contraloría.

Remite a la ley (y a decisiones internas de la Contraloría) la regulación de los supuestos en los cuales, por "razones de interés público o riesgo fiscal", la Contraloría podrá realizar revisiones preventivas o concomitantes, y establece que esas revisiones podrán ser de carácter no vinculante y coordinadas con los sistemas de control interno de las instituciones.

Los jerarcas y funcionarios seguirán respondiendo "personal y patrimonialmente por los actos contrarios al ordenamiento jurídico o que causen daño al erario, conforme a la ley". Además, dispone que una ley orgánica definirá la estructura, competencias, potestades y procedimientos de la Contraloría General de la República para aplicar el nuevo modelo de fiscalización.

Durante los dos años siguientes a su entrada en vigencia la Contraloría continuará aplicando los mecanismos de control previo actualmente vigentes, pero únicamente en los casos que ella misma determine mediante resolución general fundada en razones de riesgo fiscal. En ese período la Contraloría deberá presentar a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre la implementación progresiva del modelo de fiscalización posterior con recomendaciones normativas y administrativas para su plena adopción.

El articulado reformado conserva la enumeración de deberes y atribuciones de la Contraloría. Entre ellos, el proyecto especifica que la Contraloría deberá fiscalizar la ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios y la gestión presupuestaria, financiera y contractual de los poderes del Estado, instituciones autónomas, municipalidades y demás entes públicos; examinar y aprobar o improbar liquidaciones y presupuestos; ejercer fiscalización posterior de la gestión patrimonial y contractual; evaluar y promover el fortalecimiento de los sistemas de control interno; rendir informe anual a la Asamblea Legislativa; y ejercer las demás funciones que le confieran la Constitución y las leyes.

En resumen, si la reforma se aprueba cambiaría el principio de control preventivo generalizado por un modelo predominantemente ex post, con excepciones reguladas y un período transitorio de dos años para la adaptación; hasta que exista norma orgánica y procedimientos detallados, la reforma deja en manos de la ley y de la propia Contraloría la definición de los supuestos, los mecanismos y los límites de las revisiones previas o concomitantes. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.