Proyecto de ley 25687: ley para modernizar el gobierno judicial y redistribuir competencias administrativas (pendiente de aprobación)

El proyecto propone cambiar la estructura de gobierno del Poder Judicial para que las funciones administrativas, operativas y disciplinarias ordinarias sean realizadas por órganos técnicos especializados y por el Consejo Superior del Poder Judicial, mientras la Corte Suprema conserva sus funciones jurisdiccionales y de dirección estratégica. La iniciativa fue presentada por la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (expediente 25687) y está en trámite; todavía es un proyecto y no es ley. La propuesta plantea que las cargas administrativas que hoy incumben a magistraturas y a la Corte Plena se trasladen a órganos técnicos y al Consejo Superior, con el argumento de que así se logra especialización técnica, profesionalización administrativa y mayor eficiencia. En concreto, la reforma redefine y redistribuye competencias administrativas, operativas y disciplinarias trasladándolas “desde órganos jurisdiccionales hacia órganos técnicos especializados”, conservando intactas las competencias jurisdiccionales y la dirección superior de la Corte Suprema de Justicia, pero limitando a ésta la administración operativa ordinaria. El proyecto establece que “La Corte Suprema de Justicia no ejercerá administración operativa ordinaria, gestión institucional permanente ni funciones administrativas que correspondan al Consejo Superior del Poder Judicial.” Entre las atribuciones que el proyecto reserva al Consejo Superior figuran la administración integral (operativa, financiera, tecnológica y de recursos humanos), la ejecución del presupuesto institucional, la gestión de contrataciones y compras institucionales y la responsabilidad sobre el régimen disciplinario ordinario del personal judicial; esa lista de funciones queda explicitada en el artículo que asigna competencias al Consejo Superior. El texto también regula cambios en nombramientos y procedimientos: la Corte dejaría de participar en nombramientos ordinarios de jueces de categorías 4 y 5 y algunas decisiones administrativas pasarían a ser competencia exclusiva del Consejo Superior, conforme a criterios técnicos y profesionales. Para la supervisión disciplinaria se crea o reafirma un esquema técnico: el Tribunal de la Inspección Judicial y personas inspectoras dependientes del Consejo Superior serán los órganos encargados de investigar, tramitar quejas y emitir informes técnicos y recomendaciones sobre personal sometido al régimen disciplinario ordinario. El proyecto incluye transitorios que ordenan medidas prácticas para implementar la redistribución: por ejemplo, en un plazo no mayor a tres meses el Poder Judicial debe realizar “un estudio técnico integral sobre la estructura remunerativa aplicable a las magistraturas y órganos superiores judiciales” para adecuar progresivamente la remuneración a la nueva distribución funcional; otros transitorios establecen revisión y adecuación progresiva de componentes remunerativos cuando se transfieran funciones. El proyecto limita recursos de control jurisdiccional sobre decisiones administrativas ordinarias: las resoluciones del Consejo Superior en materia administrativa, operativa, presupuestaria y disciplinaria “agotarán la vía administrativa” y contra ellas solo procede recurso de reconsideración dentro de plazos breves; además procede la suspensión provisional motivada de efectos del acto impugnado cuando su ejecución cause daños graves. Finalmente, el documento hace énfasis en que la iniciativa “mantiene plenamente las competencias jurisdiccionales, constitucionales y de dirección superior de la Corte Suprema de Justicia” y que la reorganización busca un equilibrio entre independencia judicial y modernización de la gestión, todo lo cual queda sujeto a la aprobación legislativa y a los plazos y transitorios que el propio proyecto fija.