Proyecto 25686: reforma del artículo 32 para permitir, de forma excepcional y judicializada, la extradición por delitos vinculados a la criminalidad organizada transnacional

El proyecto propone reformar el artículo 32 de la Constitución Política para permitir, de manera excepcional y jurídicamente delimitada, que los tribunales costarricenses concedan la extradición de nacionales cuando se trate de delitos graves vinculados con la criminalidad organizada transnacional que afecten gravemente la seguridad pública, la seguridad nacional, la vida humana, la integridad física, la libertad personal o la infraestructura crítica del Estado. Está pendiente de aprobación.

El texto que se propone cambia la regla actual que impide obligar a un costarricense a abandonar el territorio nacional y la sustituye por una excepción: ningún costarricense podrá ser compelido a salir del país salvo cuando exista "resolución judicial firme emitida por los Tribunales de Justicia de la República" y se actúe conforme a los tratados internacionales ratificados por Costa Rica y las leyes de la materia, en casos de delitos vinculados con criminalidad organizada transnacional que produzcan los efectos graves señalados.

La reforma delimita expresamente los delitos por los cuales podría concederse la extradición. El articulado indica que "La extradición podrá concederse exclusivamente respecto de los siguientes delitos" y a continuación enumera, entre otros, el tráfico internacional de drogas; el terrorismo y el financiamiento del terrorismo; la legitimación de capitales (cuando esté vinculada con la criminalidad organizada transnacional); la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; el tráfico ilícito de órganos, tejidos o células humanas; el homicidio calificado y el sicariato cuando estén vinculados a estructuras de criminalidad organizada transnacional; la asociación ilícita y la pertenencia a grupos de criminalidad organizada transnacional; y los delitos informáticos y conexos ejecutados en ese contexto cuando comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica.

No se trata de una extradición general, automática ni indiscriminada, sino de una habilitación estrictamente limitada. La extradición solo podrá concederse mediante resolución judicial firme y respetando el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, la extradición solo procederá cuando la conducta imputada constituya delito tanto en el Estado requirente como en la legislación costarricense (doble incriminación).

Será necesario adaptar la Ley de Extradición y las normas procesales correspondientes para desarrollar requisitos, garantías, causas de improcedencia y procedimientos aplicables. El proyecto señala que, de aprobarse, la norma "Rige a partir de su publicación".

El expediente es el número 25686; la proposición fue ingresada en el Plenario el 2026-08-03 y figura con fecha de publicación 2026-08-12 en la Gaceta número 151. Los proponentes incluyen a Kattia Mora Montoya y una lista de diputadas y diputados cuyos nombres constan en el expediente. La iniciativa está en trámite y, por ahora, es un proyecto que debe ser discutido y aprobado para convertirse en reforma constitucional.