Proyecto 25678: Permitir a personal judicial elegir trasladar sus cotizaciones al régimen universal (IVM)

El proyecto propone permitir que las personas que trabajan o han trabajado en el Poder Judicial —así como quienes ya gozan de jubilación o pensión y tienen consolidado el derecho— soliciten, por una única vez, el traslado de las cotizaciones (obreras, patronales y estatales) que aportaron al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial (FJPPJ) al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El proyecto está pendiente de aprobación.

Los beneficiarios alcanzados son las personas servidoras judiciales activas, las exfuncionarias y exfuncionarios que ya reciben jubilación o pensión y quienes hayan consolidado el derecho jubilatorio en el FJPPJ; todas esas personas, según el articulado del proyecto, tendrían la alternativa de solicitar el traslado “por una única vez”.

La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (JUNAFO) debe emitir la certificación de cuotas; recibida la solicitud, JUNAFO tiene un plazo improrrogable de treinta días hábiles para desafiliar al solicitante del FJPPJ e informar al Régimen IVM; la CCSS tiene plazos para analizar y aprobar el traslado; una vez aprobada la transferencia por la CCSS, JUNAFO deberá efectuar el traslado de los aportes en un plazo ordinario máximo de dos meses. Para proteger la estabilidad del Fondo, JUNAFO puede trasladar activos mediante transferencia de valores en especie y, si el traslado en efectivo supera el 5% del flujo de caja trimestral del Fondo, podrá ejecutar un plan escalonado de pagos, debidamente justificado ante la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), por un plazo que no podrá exceder veinticuatro meses.

El proyecto establece cómo se homologarán los aportes y las cotizaciones para el cálculo de la pensión en el IVM: una vez perfeccionado el traslado, el IVM reconocerá la totalidad del tiempo laborado y las cuotas certificadas por JUNAFO, “homologándolas en una relación de uno a uno (1:1) como cuotas válidas y efectivas para el IVM”. Eso implica que las cotizaciones certificadas por JUNAFO se trasladan y se cuentan para la formación del derecho en el IVM con equivalencia técnica 1:1 según la redacción incluida.

El dinero que la persona haya aportado en exceso por pertenecer al Fondo será transferido, a elección de la trabajadora o trabajador, a su cuenta individual del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) o a un plan de pensión complementaria voluntaria administrado por una operadora autorizada. Si la persona no indica su preferencia en los plazos que fija el proyecto, el Fondo deberá prever y transferir los montos al ROP que corresponda.

Podrán optar, por una única vez, a cuál de los dos regímenes desean cotizar (IVM o el régimen especial del FJPPJ); deberán informarlo en el plazo que el proyecto fija y, si no lo hacen, quedarán adscritas automáticamente al régimen universal de la CCSS.

Durante los seis meses siguientes a la publicación de la ley se permitirá el retiro anticipado al completar las cuotas y/o adelantar cuotas, conforme a las reglas que el propio articulado prevé.

En la exposición de motivos el proyecto argumenta que el FJPPJ enfrenta problemas de solvencia comprobados por la valuación actuarial con corte al 31 de diciembre de 2025; cita escenarios técnicos que, aun bajo supuestos optimistas, arrojan una razón de solvencia reducida (83,90%), un déficit actuarial de 438.213 millones de colones y una prima teórica elevada (42,98% sobre salarios), y en el escenario pesimista proyectan un déficit de 1.183.589 millones de colones y el agotamiento de reservas para 2041. Esa información es usada en el texto como justificación de la alternativa que propone el proyecto.

El articulado regula además otras consecuencias operativas y de cálculo (por ejemplo, el aumento del saldo del FJPPJ cuando personas elijan permanecer en él, y las reglas de certificación y detalle de las cotizaciones que JUNAFO debe remitir a la CCSS). El proyecto fija plazos, condiciones y excepciones tal como se describen arriba y queda pendiente de ser aprobado por la Asamblea Legislativa para entrar en vigor y producir efectos.