Proyecto 25671: Ley de fortalecimiento de la protección y el bienestar animal

El proyecto propone cambiar varias leyes para ampliar la protección legal de los animales, aumentar sanciones penales y administrativas, crear registros y obligar controles técnicos en actividades veterinarias, con el objetivo declarado de mejorar la prevención, la investigación y la sanción del maltrato animal; el texto está presentado como proyecto y queda pendiente de aprobación. La iniciativa reformaría y añadiría artículos a la Ley 7451 (Bienestar de los Animales), a la Ley 8495 (Ley del Servicio Nacional de Salud Animal), a la Ley 4573 (Código Penal) y a otras normas relacionadas, e introduce medidas administrativas, penales e institucionales que funcionarían desde su publicación de ser aprobada.

El proyecto amplía expresamente el alcance de la Ley de Bienestar Animal para que sus disposiciones apliquen a “los animales domésticos, domesticados, de producción y aquellos silvestres que se encuentren en cautiverio”, con lo cual busca eliminar vacíos sobre qué animales están cubiertos por las normas de protección. Esa modificación también se acompaña de la incorporación de definiciones legales de maltrato, crueldad y negligencia, y de principios rectores como el reconocimiento de los animales como seres sintientes y el enfoque de salud integral (One Health), que relaciona la salud humana, animal y ambiental.

Crea el artículo 279 bis en el Código Penal para castigar “crueldad contra los animales” con pena de prisión de uno a tres años cuando se causen daños graves, se realicen actos sexuales con animales o se practique vivisección con fines distintos a la investigación, entre otras conductas. Además introduce el artículo 279 ter para sancionar la muerte del animal con penas de prisión de dos a cuatro años cuando la muerte sea causada dolosamente; esa pena puede agravarse si la muerte ocurre en el contexto de una intervención quirúrgica, sedación o eutanasia sin la supervisión del médico veterinario responsable o en establecimientos no habilitados.

Respecto de sanciones administrativas y medidas alternativas, el proyecto agrega un artículo 405 bis que sanciona el maltrato y el abandono con multas (cincuenta a cien días multa) y autoriza al tribunal a imponer medidas complementarias orientadas a la prevención y la reparación, tales como trabajo comunitario en programas de protección animal, programas educativos y la inhabilitación para la tenencia de animales. Para reforzar la prevención de la reincidencia, se crea la posibilidad de llevar un registro nacional de personas sancionadas e inhabilitadas para la tenencia de animales, administrado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), que servirá para identificar a quienes, mediante sentencia firme o resolución administrativa, tengan prohibida temporal o definitivamente la posesión o comercio de animales.

El proyecto obliga a controles técnicos en establecimientos y actividades veterinarias. Reforma normas sobre la “regencia” veterinaria y establece que la ausencia del regente o asesor veterinario durante el horario autorizado constituye causal de suspensión inmediata del Certificado Veterinario de Operación (CVO). Para actividades itinerantes, temporales o de campaña que impliquen actos médico‑veterinarios (por ejemplo jornadas de esterilización), exige autorización previa de Senasa; la presencia de un veterinario regente identificado y registrado ante el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria al menos 8 días antes; constancia o contrato escrito entre organizador y profesional; cumplimiento de bioseguridad, cadena de frío y manejo de desechos; y documentación del acto médico. Además establece un mecanismo de registro y trazabilidad de cada acto profesional para que las intervenciones queden identificadas, con información mínima sobre el animal, el responsable, los medicamentos y el procedimiento.

En materia institucional, el proyecto crea una Fiscalía Especializada en Protección Animal como órgano del Ministerio Público con competencia nacional para dirigir la investigación y la acción penal en delitos contra animales, con el fin declarado de que casos relevantes sean atendidos por personal capacitado. También incorpora en la Ley del Servicio Nacional de Salud Animal la obligación de crear y administrar el Registro Nacional de Personas Inhabilitadas para la Tenencia de Animales (a cargo de Senasa) y dispone que las autoridades competentes informen a Senasa las resoluciones firmes que impongan inhabilitaciones.

Establece que Senasa y el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria deberán suscribir, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la publicación de la ley, un protocolo de coordinación para la verificación de la regencia veterinaria vinculada al CVO; y que el Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de seis meses desde la publicación, deberá adecuar la reglamentación vigente, directrices y protocolos aplicables a la autorización de jornadas o eventos de esterilización conforme a los criterios del proyecto. El texto indica además que la ley “rige a partir de su publicación”.

El proponente registrado es la diputada Ángela Aguilar Vargas y el expediente es el número 25671; la presentación ocurrió el 2026-07-27 y la publicación oficial indicada en el expediente es 2026-07-30 (Gaceta 142). Como proyecto, sus cambios no están vigentes hasta que el órgano competente lo apruebe y publiquen la norma reformada; se señala que la iniciativa está pendiente de aprobación y que algunas medidas requieren que Senasa y otros órganos subsiguientes hagan protocolos y ajustes reglamentarios para entrar en funcionamiento.