Proyecto 25667: Lucha contra la evasión fiscal por el uso de comprobantes falsos

El proyecto propone crear nuevos instrumentos penales y administrativos para atacar la emisión, comercialización y uso de comprobantes fiscales falsos, así como ampliar facultades de la Administración Tributaria para identificar y publicar a quienes emitan o utilicen esas facturas; está pendiente de aprobación.

El proyecto propone establecer un tipo penal que sancione con prisión de cuatro a ocho años a quien «expida, comercialice, compre o adquiera para su comercialización, comprobantes electrónicos para efectos tributarios que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados», sin que importe el monto, con el objetivo declarado de evitar la evasión de tributos. Esta es una propuesta penal que, de aprobarse, incorporaría el artículo denominado “Artículo 92 bis. - Comercialización de comprobantes falsos”.

El proyecto propone además cambios administrativos para que el Ministerio de Hacienda implemente un «acceso de consulta pública» en Internet donde consten los morosos y omisos y, específicamente, las personas físicas y jurídicas que la Administración Tributaria haya declarado mediante un acto administrativo en firme como emisoras de operaciones simuladas o de comprobantes falsos; esa lista sería pública y se implementaría en la página institucional y en la plataforma de trámites tributarios.

El proyecto plantea facultar a la Administración Tributaria para declarar, mediante un procedimiento administrativo con las garantías del debido proceso, la condición de persona o empresa que factura operaciones simuladas o emite comprobantes falsos; como consecuencia de esa declaración, la autoridad podrá suprimir o bloquear en el sistema electrónico (por ejemplo TRIBU‑CR u otro sistema habilitado) las funcionalidades para emitir comprobantes electrónicos a dichos sujetos, por hasta cinco años.

El proyecto propone modificar la sanción administrativa relacionada con el uso de facturas falsas para suprimir la exigencia de que la incidencia de documentos falsos supere un umbral porcentual. Actualmente el inciso citado sanciona con una multa del ciento cincuenta por ciento (150%) cuando la incidencia de los documentos falsos excede el diez por ciento (10%) de la base de la sanción; la reforma busca que “el simple uso de un comprobante falso o falseado, sea motivo suficiente para la imposición de la sanción del 150%”.

El texto presenta cifras y resultados de la Dirección General de Tributación (DGT) que motivan la iniciativa: señala la detección de cadenas de facturación por un monto que «supera los 772 mil millones de colones» y presenta un cuadro de segmentación con grupos cuya facturación se indica como (+) 104 mil millones, (+) 41 mil millones y (+) 87 mil millones; además informa un “Monto Determinado (Impuesto + intereses + sanciones): ₡2.156.145.035” y que «Casos finalizados en etapa inspección: 76 casos para un monto determinado (Impuesto + intereses + sanciones) de ₡14.060.876.674». Esos datos se citan como antecedentes en la exposición de motivos.

El proyecto describe las conductas que se pretende sancionar y las formas en que la Administración las detecta: define “Proveedores Falsos” como el registro de operaciones con proveedores inexistentes o sin capacidad económica real y define “Facturación Falsa” como la emisión o utilización de comprobantes que documentan operaciones inexistentes o simuladas; enumera herramientas de detección como «Cruces de información de facturación electrónica», «Verificación de domicilios fiscales», «Análisis de capacidad operativa de los proveedores» y «Revisión de redes de facturación entre contribuyentes». Estas descripciones y herramientas aparecen en la exposición de motivos y en los considerandos del proyecto.

El proyecto plantea que la Administración, una vez que un acto declare firme la condición de infractor, publicará el nombre e identificación de la persona o empresa en la Consulta Pública Tributaria del Ministerio de Hacienda y procederá al bloqueo o supresión de funcionalidades para emitir comprobantes electrónicos hasta por cinco años; además dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley dentro de un plazo de seis meses contado desde su entrada en vigencia. La norma propuesta incluye la regulación del procedimiento administrativo que deberá garantizar el debido proceso y la posibilidad de medidas cautelares adecuadas al caso.