Proyecto que quita la caducidad del plazo de revisión extraordinaria cuando hay vulneración de derechos humanos (Exp. 25659)

El proyecto propone reformar el artículo 72 del Código Procesal Civil para que, cuando se alegue una vulneración de derechos humanos, no exista caducidad del plazo para presentar la demanda extraordinaria de revisión. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Modifica el subinciso 11 del inciso 1 del artículo 72 para considerar procedente la revisión cuando «se hubiere producido una grave y trascendente violación al debido proceso o violación a los derechos humanos de poblaciones vulnerables», y añade un párrafo al inciso 2 del mismo artículo para establecer la excepción temporal en esos casos. En la práctica, esto incorpora expresamente como causal de revisión la afectación grave de derechos humanos en personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

En la práctica procesal, la reforma deja claro que la regla general de plazos del artículo 72 sigue vigente para los demás casos: el texto mantiene que el plazo ordinario para pedir la revisión es de un año desde que la persona pudo alegar la causal y que, como límite absoluto, no procedería la demanda si han pasado diez años desde la firmeza de la sentencia impugnada. La novedad es que, cuando se trate de derechos humanos vulnerados, la caducidad que pudiera impedir la interposición por el paso del tiempo no aplicará.

Quienes se verían afectados son las personas que aleguen que una sentencia firme consolidó una vulneración grave de sus derechos humanos —incluyendo, según la redacción, «poblaciones vulnerables»—: esas personas podrían presentar la demanda extraordinaria de revisión sin que la barrera temporal de caducidad les impida hacerlo. El proyecto no cambia en el texto aportado otros requisitos procesales de la revisión; por tanto, la viabilidad del recurso seguirá sujeta a las demás condiciones y causales previstas en el artículo 72.

La iniciativa establece que, de aprobarse, la modificación "rige a partir de su publicación", lo que significa que su efecto comienza desde la publicación oficial tras la aprobación. El expediente que contiene la iniciativa es el número 25659 y la presentación fue hecha por varias diputadas y diputados, según el registro oficial del trámite.

Lo anterior se extrae del texto presentado en la Asamblea Legislativa; la medida descrita es una propuesta y solo entraría en vigor si el Congreso la aprueba y se publica conforme a la ley. Donde el documento oficial deja frases técnicas sin precisión (por ejemplo, no desarrolla en detalle cómo se probarían en el proceso esos tipos de vulneración), no se incluye aquí ninguna interpretación adicional: la explicación se limita a lo que el proyecto plantea expresamente.