Proyecto para reforzar el combate al fraude a la Hacienda Pública (expediente 25650)

El proyecto propone reformar los artículos 81, 90, 92 y 93 e incorporar nuevos artículos (67 bis y 92 bis) a la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para fortalecer el combate al delito de fraude a la Hacienda Pública mediante cambios en umbrales, penas, agravantes y medidas accesorias. El texto está presentado y pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto establece un umbral penal menor para que una conducta sea considerada delito de fraude a la Hacienda Pública: reduce la condición objetiva de punibilidad de los actuales quinientos (500) salarios base a doscientos (200) salarios base. Para el tramo entre 200 y menos de 500 salarios base, la conducta sería castigada con pena de prisión de cuatro a cinco años y con multa de hasta cinco veces el monto defraudado. El proyecto mantiene un umbral superior en 500 salarios base para agravación de la pena. En el documento original se menciona que la cifra de 500 salarios base equivale a 231.100.000,00 colones considerando el salario base para 2026.

Para los casos en que la cuantía defraudada sea igual o superior a quinientos (500) salarios base y cuando concurran circunstancias agravantes previstas, el proyecto prevé penas más severas: prisión de cinco a diez años y multas mayores (en el articulado se dispone una multa de hasta ocho veces el monto defraudado en las circunstancias agravadas). Además, para estos supuestos agravados se amplía el plazo de inhabilitación para obtener subsidios, beneficios fiscales y participar en contratación administrativa.

El proyecto incorpora reglas para determinar la cuantía a efectos de superar los umbrales de 200 y 500 salarios base: la cuantificación no incluirá intereses, multas ni recargos, y se propone que para determinar si se supera el umbral se considere la suma de todas las cuotas defraudadas correspondientes a los tributos, cantidades retenidas o ingresos a cuenta o devoluciones que no estén prescritas, es decir, permitir la sumatoria de montos defraudados en varios períodos fiscales para alcanzar el umbral que active la punibilidad.

Como agravantes y conductas que aumentan la pena, el proyecto propone incluir, entre otros, que la defraudación se cometa en el seno de una organización criminal; que exista una cuantía defraudada superior (los umbrales señalados); y que se utilicen sociedades interpuestas, negocios o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad del obligado tributario o dificultar la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del responsable. También se añade la posibilidad de imponer sanciones accesorias: pérdida temporal de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, pérdida del derecho a beneficios fiscales o de la Seguridad Social y la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa (los plazos varían según el artículo: por ejemplo, de tres a seis años en ciertos casos y de cinco a ocho años en las circunstancias agravadas señaladas).

El proyecto añade un artículo 67 bis que permite, ante la presencia de un ilícito tributario, “prescindir de las formas jurídicas” que adopte una persona jurídica o estructura cuando estas no reflejen la realidad económica, de modo que la autoridad (Dirección General de Tributación Directa, el Ministerio de Hacienda o la autoridad jurisdiccional competente) pueda determinar y responsabilizar al verdadero agente económico; y prevé que la Procuraduría General de la República se constituya como actor civil para ejercer la acción resarcitoria cuando corresponda. El proyecto dispone que la ley “rige a partir de su publicación”.