Proyecto propone aprobar la lista y las disciplinas de reglamentación nacional en servicios (expediente 25638)

El proyecto propone aprobar la “Lista de Costa Rica para incorporar los compromisos adicionales en materia de Reglamentación Nacional en el ámbito de los Servicios” y las “Disciplinas sobre la Reglamentación Nacional en el ámbito de los Servicios”, de modo que esas obligaciones formen parte de las listas de compromisos específicos que Costa Rica presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El texto del proyecto está presentado por el Poder Ejecutivo y figura con el expediente 25638; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y, de aprobarse, las disposiciones “rigen a partir de su publicación”.

Busca incorporar formalmente al ordenamiento nacional y al inventario de compromisos ante la OMC una lista de sectores adicionales y un conjunto de reglas (las “disciplinas”) sobre cómo deben funcionar los requisitos administrativos que afectan al comercio de servicios (autorizaciones, licencias, exámenes de aptitud, normas técnicas y procedimientos). El proyecto propone que esas adiciones se incorporen al artículo 2 de la ley que aprobó el Acta Final de la Ronda Uruguay (la norma que ya integra al país a los resultados del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) y establece que la entrada en vigor será “a partir de su publicación”.

El texto identifica como afectados a los proveedores de servicios y a las autoridades que tramitan autorizaciones y licencias. Además señala sectores concretos que se incluirían como adicionales en la lista de compromisos, por ejemplo: servicios de telecomunicaciones; servicios de mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina (incluidas computadoras); servicios de arrendamiento de bienes raíces residenciales; servicios prestados con ocasión de asambleas o convenciones; servicios jurídicos (con exclusiones señaladas, por ejemplo las funciones notariales); y varios servicios de arquitectura e ingeniería. Para los servicios financieros el proyecto contempla la posibilidad de aplicar “disciplinas alternativas” específicas para ese sector.

Las “disciplinas sobre la reglamentación nacional” que se adjuntan son reglas sobre cómo deben actuar las autoridades cuando exigen autorizaciones o requisitos que afectan al comercio de servicios. Entre las reglas que el texto establece o pide asegurar están: procurar que, en la medida de lo factible, el solicitante no deba acudir a más de una autoridad para una misma autorización; permitir, en lo posible, la presentación de solicitudes en cualquier momento del año; fijar plazos prudenciales para la presentación y tramitación; y procurar que las autoridades verifiquen sin demoras indebidas si una solicitud está completa y, cuando lo consideren apropiado, completen la tramitación en un plazo prudencial o informen por escrito al solicitante.

Sobre medios y documentación, el proyecto promueve que las autoridades, según sus recursos, acepten solicitudes en formato electrónico y acepten copias autenticadas de documentos en lugar de exigir los originales, salvo que la autoridad requiera el original para proteger la integridad del proceso. También establece la obligación o el estímulo (dependiendo del párrafo) de publicar con prontitud la información que necesiten los proveedores: las prescripciones y procedimientos, las tasas, las autoridades competentes, los procedimientos de impugnación o revisión y los plazos indicativos para la tramitación.

Respecto a títulos de aptitud y exámenes, el texto indica que, si un Miembro exige exámenes para autorizar el suministro de un servicio, sus autoridades competentes deben programarlos a intervalos “razonablemente frecuentes” y prever un plazo prudencial para que los solicitantes puedan pedir hacer el examen; asimismo se alienta el uso de formatos electrónicos y procedimientos que mantengan la integridad del proceso.

El proyecto contiene reglas que son obligaciones expresadas como “se asegurará de que sus autoridades competentes…” (es decir, exige que el Estado garantice el cumplimiento por parte de las autoridades) y otros textos que son formulados como incentivos o estímulos (“se alienta”, “en la medida en que sea factible”), por lo que algunas medidas tienen carácter de requisito y otras de recomendación o buena práctica según lo redactado. El texto también afirma que la incorporación busca beneficios para proveedores y consumidores, pero eso aparece en la exposición de motivos como expectativa, no como efecto ya realizado.

El expediente figura como número 25638, fue presentado por el Poder Ejecutivo, con registro de recepción el 02/07/2026 y publicación oficial registrada el 15/07/2026. El proyecto incluye como anexo la versión de la “Lista de Costa Rica” y las disciplinas aprobadas en la OMC, y se acompaña de la referencia a una nota de la OMC con fecha 10 de octubre de 2024 que transmite la versión definitiva del proyecto de lista. El proyecto está pendiente de la aprobación legislativa; si la Asamblea lo aprueba, las adiciones se incorporarán a la ley indicada y “rigen a partir de su publicación”.