Proyecto 25619: Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales

El proyecto propone reformar el artículo 11 de la Ley N.° 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales (10 de marzo de 1982), para cambiar cómo se mantienen, clasifican y usan los asientos (registros) de las condenas y antecedentes judiciales. La iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y, según el expediente, fue presentada por el Poder Ejecutivo el 15 de junio de 2026 y publicada el 18 de junio de 2026.

El proyecto crea un sistema de acceso restringido y confidencial para los asientos de las personas sentenciadas y los estructura en distintos plazos según el uso: control judicial de la reincidencia, uso policial e investigativo y certificaciones laborales. En la práctica, esto significará que no todos los usos ni todos los públicos tendrán el mismo acceso ni los mismos efectos legales sobre la persona registrada.

Para el control judicial de la reincidencia los asientos de las condenas se mantendrán activos de forma permanente a disposición de quienes administran y ejecutan penas: las personas juzgadoras y la Dirección General de Adaptación Social. Los jueces penales y los jueces de ejecución de la pena tendrán la obligación vinculante de consultar esos antecedentes. Al mismo tiempo el texto establece una prohibición concreta: no se podrá considerar a la persona como “delincuente primario” por el solo hecho de que exista el asiento cuando se evalúe la dosimetría de la pena, la ejecución condicional o el otorgamiento de cualquier beneficio procesal, carcelario o penitenciario; en otras palabras, los antecedentes deben constar y consultarse pero no pueden usarse automáticamente para tratar a la persona como primerizo en esos escenarios.

En materia policial e investigativa los registros también permanecerán de forma permanente e histórica, pero en una base de datos interna de uso exclusivo, confidencial y restringido para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y los cuerpos policiales del Estado. Esa información servirá únicamente como insumo técnico para sus funciones de investigación criminal, inteligencia policial y persecución penal; no se plantea que esa base sea pública ni de acceso amplio.

Cuando una persona solicite certificaciones de juzgamiento destinadas a fines laborales, el Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas una vez transcurridos quince años desde el cumplimiento de la pena. Es decir, en los certificados que se entreguen a efectos de empleo no figurarán antecedentes pasados que tuvieron su pena cumplida hace más de quince años.

La divulgación, transferencia o uso de los datos históricos protegidos bajo el plazo permanente o de control judicial para fines distintos a los expresamente autorizados por la ley constituirá falta gravísima contra el deber de confidencialidad y podrá acarrear las responsabilidades penales correspondientes. La norma propuesta entraría en vigor a partir de su publicación si se aprueba.

La reforma, según el articulado, modifica específicamente la forma en que opera el Registro Judicial, señalando quiénes pueden acceder a cada tipo de información y con qué propósito, y colocando límites claros sobre el uso de esos datos en decisiones penales y laborales. El proyecto está presentado por el Poder Ejecutivo bajo el expediente número 25619 y sigue su trámite en la Asamblea Legislativa; su texto debe ser aprobado y publicado para que las reglas descritas se transformen en ley.