Proyecto 25616: Ley "Mano firme ante la reincidencia delictiva"

El proyecto propone crear una nueva ley llamada “Mano firme ante la reincidencia delictiva” que modifica cómo el derecho penal costarricense considera la reiteración de conductas delictivas y establece reglas prácticas sobre penas, beneficios penitenciarios, medidas procesales y la creación de un registro nacional; está pendiente de aprobación.

El proyecto plantea distinguir y regular con efecto jurídico las figuras de reincidencia simple, habitualidad, profesionalidad y una reincidencia cualificada en delincuencia organizada. Para que un nuevo delito produzca efectos de reincidencia se exige que ocurra dentro de plazos de caducidad relacionados con la pena anterior: quince años para penas superiores a doce años; diez años para penas de ocho a doce años; siete años para penas de cuatro a ocho años; y cinco años para penas inferiores a cuatro años. Estas reglas determinan si la conducta repetida activa las consecuencias previstas por la norma.

El proyecto modifica la forma en que se calcula la pena concreta mediante un régimen de dosimetría llamado “sistema de cuartos y rangos punitivos”. El juez fijará el marco punitivo aplicable y dividirá la diferencia entre el mínimo y el máximo legal en cuatro cuartos; según las circunstancias concretas ubicará la pena en el cuarto mínimo, medio o máximo. La norma dispone expresamente que la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad o la reincidencia calificada desplazan al juez hacia el cuarto máximo, es decir, acercan la pena al límite superior previsto por el tipo penal.

El proyecto limita el acceso a beneficios penitenciarios y a sustitutos de la pena mediante una “Lista Única de Exclusión”. Las personas que tengan sentencia condenatoria firme por los delitos incluidos en esa lista no podrán acceder a beneficios ni a medidas sustitutivas; entre los delitos que el texto menciona están los delitos sexuales contra menores, el homicidio doloso, el femicidio, el secuestro extorsivo, la trata de personas, el terrorismo, el tráfico de drogas a gran escala y la legitimación de capitales. En algunos supuestos la exclusión opera solo si además existe la condición de reincidente; en otros la exclusión aplica independientemente de que el autor sea primario o reincidente.

El proyecto crea el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), adscrito a la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz, que deberá incorporar todas las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, la categoría declarada en sentencia y las fechas de extinción de las penas. La autoridad jurisdiccional competente deberá comunicar la sentencia condenatoria firme, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su ejecutoria, a la Dirección General de Adaptación Social; esta última informará al Registro Nacional de Reincidencia en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. El RNR permitirá consulta en tiempo real a autoridades judiciales y fiscales, acceso a la persona respecto de sus propios datos y confidencialidad frente a terceros no autorizados.

En el plano procesal, el proyecto añade normas sobre el riesgo de “continuación de la actividad delictiva”. El juez podrá decretar prisión preventiva por ese riesgo y establece una versión específica para delincuencia organizada que permite ordenar la prisión preventiva “con independencia de los presupuestos de arraigo laboral o familiar”. Estas disposiciones vinculan la evaluación de riesgo al historial de condenas y a la calificación de reincidencia prevista en la ley.

Exige que el Registro Nacional de Reincidencia esté funcionando en un plazo máximo de doce meses desde la asignación de los recursos presupuestarios necesarios, y que la regulación normativa interna se implemente en un plazo máximo de catorce meses contado a partir de la asignación efectiva de esos recursos. La ley, en caso de aprobarse, comenzaría a regir a partir de su publicación.

El proponente es el Poder Ejecutivo; el expediente es el 25616, fue presentado el 15 de junio de 2026 y publicado en la Gaceta el 18 de junio de 2026. El proyecto sigue en trámite parlamentario y debe pasar por comisión y votación antes de convertirse en ley; por tanto, sus medidas no están vigentes mientras permanezca en trámite.