Proyecto 25607: Reforma al artículo 51 y adición de un artículo 51 bis a la Ley de Protección Fitosanitaria

El proyecto propone reformar el artículo 51 y agregar un artículo 51 bis a la Ley de Protección Fitosanitaria (Ley N.° 7664) con el objetivo de modernizar el procedimiento que aplica el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para las solicitudes de autorización de introducción o tránsito de vegetales, agentes de control biológico y otros organismos regulados; el proyecto está pendiente de aprobación. La exposición de motivos indica que la reforma busca reglas más claras, proporcionales y transparentes para gestionar plazos según la complejidad técnica del caso y la disponibilidad oportuna de insumos esenciales.

Toda persona que pretenda importar o introducir en tránsito vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados debe solicitar autorización previa del Servicio Fitosanitario del Estado. Esto confirma que la iniciativa regula los plazos y criterios del trámite de autorización, pero no concede automáticamente permisos sin la gestión del SFE.

En cuanto a los plazos, el proyecto establece que el plazo ordinario para resolver una solicitud será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción completa de la solicitud. El SFE podrá ampliar ese plazo hasta un máximo de veinte (20) días hábiles cuando existan razones técnicas que lo justifiquen, tales como la necesidad de realizar análisis de riesgo, evaluaciones documentales, inspecciones, muestreos u otros procedimientos indispensables para asegurar la protección de la salud vegetal. De manera excepcional, y cuando aún así el plazo resulte insuficiente por razones técnicas acreditadas, se admite una ampliación adicional de cuatro días hábiles, pero en ese caso el SFE debe notificar al interesado y publicar la justificación correspondiente en su sitio web institucional.

El plazo de resolución no podrá exceder de diez (10) días hábiles, salvo circunstancias técnicas extraordinarias debidamente fundamentadas. En esas circunstancias extraordinarias el SFE podrá ampliar el plazo hasta por un máximo de tres (3) días hábiles adicionales, y la ampliación debe constar en una resolución motivada. Estas reglas diferencian solicitudes ordinarias, casos técnicamente complejos y los procedimientos prioritarios para agentes biológicos.

El nuevo artículo 51 bis ordena al SFE aplicar criterios técnicos objetivos para gestionar los plazos con el fin de garantizar la protección de la sanidad vegetal, la continuidad de los procesos productivos, la disponibilidad oportuna de insumos fitosanitarios, la protección del ambiente y el abasto nacional de productos agropecuarios esenciales. Entre los elementos técnicos que el SFE podrá considerar están: a) la disponibilidad y acceso a insumos esenciales para el control de plagas y enfermedades; b) la existencia de riesgos fitosanitarios que requieran atención prioritaria o diferenciada, sustentados en análisis técnicos; c) la necesidad de asegurar la continuidad de procesos de producción agrícola ante situaciones que afecten la sanidad vegetal o el abasto de insumos críticos; d) las consideraciones ambientales relacionadas con la introducción, tránsito, uso o liberación de organismos; y e) los resultados de evaluaciones técnicas, análisis de riesgo, inspecciones, muestreos u otros procedimientos científicos pertinentes.

Los criterios que se apliquen deben estar fundamentados en información técnica verificable, proveniente de fuentes oficiales o de respaldo técnico reconocido, y deben documentarse por el SFE en cada caso. Además, el SFE deberá garantizar la transparencia publicando periódicamente lineamientos generales y la justificación de las decisiones adoptadas cuando impliquen la modificación de los plazos ordinarios. Según el texto, la reforma busca que las ampliaciones de plazo no se vuelvan prácticas opacas o rutinarias y que la autoridad actúe de forma motivada, documentada y controlable.

El proyecto aclara que no crea una autorización automática ni elimina las facultades del SFE para inspeccionar o imponer medidas de control: la iniciativa "no establece una autorización automática" y "Tampoco elimina la potestad del SFE para realizar inspecciones, exigir análisis de riesgo, ordenar muestreos o adoptar medidas de control cuando existan riesgos fitosanitarios". La propia Ley permite que, practicada la inspección y revisados los documentos, la autoridad ordene medidas técnicas como muestreo, análisis de laboratorio, retención, tratamiento, reacondicionamiento, aislamiento, cuarentena post-entrada, rechazo de entrada, reexpedición, decomiso o destrucción, según corresponda al análisis de riesgo.

La disposición final del proyecto señala que la norma "rige a partir de su publicación" si se aprueba. El expediente oficial es el número 25607; el proponente registrado es Salvador Padilla Villanueva; la presentación fue registrada el 2026-06-09 y la fecha de publicación indicada en el expediente es 2026-06-11. Este texto es un proyecto de ley en trámite ante la Asamblea Legislativa y aún requiere su aprobación para convertirse en norma vigente.