Proyecto para usar recursos de peaje en obras viales y garantizar la continuidad del tránsito (Exp. 25604)

El proyecto propone reformar la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad (Ley N.º 7798) para permitir un uso más estratégico y flexible de los recursos que se recaudan por peajes, con el fin de garantizar la continuidad del tránsito y facilitar la ejecución eficiente de obras viales. El proponente es Mangell Mc Lean Villalobos y el expediente es 25604; el proyecto está pendiente de aprobación.

Plantea que los fondos por cobro de peajes “podrán ser utilizados en la conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, construcción y protección de la red vial nacional”, siempre conforme a criterios técnicos de priorización y a los instrumentos de planificación del sector transporte, y considerando la seguridad vial, la continuidad del servicio público, el impacto económico, la vulnerabilidad de la infraestructura y la relevancia estratégica de los corredores intervenidos. Esto modifica la restricción que limitaba el uso de esos recursos únicamente a la carretera que los genera.

El proyecto establece que, cuando los recursos de peaje se apliquen en vías distintas de la que los generó, esa utilización debe entenderse como parte integral del servicio público de conservación de la red vial nacional por su carácter “integrado, sistémico y solidario”. Además, se pide que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ajuste su metodología tarifaria para reconocer costos integrales de la red vial beneficiada.

El proyecto también modifica los plazos de contratación del Consejo Nacional de Vialidad. Como regla general mantiene un plazo máximo de contratación de cinco años, pero permite que, en contratos bajo esquemas de gestión vial modernos (por ejemplo: por niveles de servicio, estándares de desempeño o reciclaje de activos viales), el plazo pueda ampliarse hasta un máximo de doce años previa justificación técnica y conforme a la Ley de Contratación Pública. Los contratos plurianuales que excedan el período presupuestario anual deberán contar con autorización previa de la Contraloría General de la República.

El texto exige que los contratos incluyan exigencias técnicas y de gestión. En todos los casos los contratos deberán incorporar indicadores de desempeño y calidad del servicio con metas verificables por período; mecanismos de evaluación periódica con frecuencia mínima anual; y sistemas de control, fiscalización y rendición de cuentas articulados con la Contraloría General de la República y otros órganos fiscalizadores.

El proyecto obliga al Consejo Nacional de Vialidad a asignar los recursos conforme a criterios técnicos objetivos y a incorporarlos obligatoriamente en el plan anual de inversión en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entre los criterios que deben considerarse están: seguridad de las personas usuarias; importancia logística, productiva y comercial del corredor; frecuencia de cierres o afectaciones operativas; vulnerabilidad geológica y climática; impacto económico de la interrupción del tránsito; existencia o ausencia de rutas alternas funcionales; relación costo-beneficio de las intervenciones; y contribución a la reducción de brechas territoriales y al desarrollo socioeconómico.

El proyecto exige transparencia y plazos de reglamentación. El Consejo Nacional de Vialidad deberá publicar anualmente, en su sitio web y dentro del primer trimestre de cada año, el plan de inversión financiado con recursos de peaje, los proyectos priorizados, los montos asignados, el estado de ejecución presupuestaria y el avance físico‑financiero de cada intervención; la información debe presentarse de forma accesible, clara, actualizada y desagregada para garantizar el acceso público y la rendición de cuentas. El Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo máximo de seis meses contados a partir de su publicación. La iniciativa rige a partir de su publicación si llega a aprobarse.

Queda señalada la intención política y técnica de usar peajes para obras de alto impacto y para programas más amplios de conservación y continuidad del servicio, pero por ahora se trata de una propuesta normativa que está pendiente de aprobación y que exige reglamentación y controles (por ejemplo la autorización de la Contraloría para contratos plurianuales que superen el período presupuestario anual) para poder ejecutarse en la práctica.