Proyecto 25603: Proyecto propone compensación económica durante vedas pesqueras (reforma al artículo 36 de la Ley N.º 8436)

El proyecto propone reformar el artículo 36 de la Ley de Pesca y Acuicultura, N.º 8436, para crear una “compensación económica por períodos de veda” y establecer las reglas para otorgarla. El proyecto fue presentado en la Asamblea Legislativa como expediente 25603 y está pendiente de aprobación.

El texto propone que el Estado garantice una compensación económica a favor de las personas titulares de licencias y permisos de pesca debidamente vigentes que, como consecuencia de la declaratoria de vedas por la autoridad competente, se vean imposibilitadas de ejercer su actividad. Esto afecta específicamente a quienes tengan licencias o permisos vigentes para actividades que queden temporalmente suspendidas por vedas.

El objetivo declarado de la compensación es resarcir la afectación económica que deriva de la restricción temporal del ejercicio de una actividad lícita autorizada por el Estado, es decir, busca cubrir la pérdida de ingresos causada por la veda, según el propio proyecto.

En cuanto a la financiación y a los recursos, el texto establece que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) podrá destinar un porcentaje de los ingresos que recibe por la asignación de la capacidad de pesca del atún para financiar estudios de investigación relacionados con las especies afectadas durante las vedas; esos estudios forman parte del marco para la aplicación y financiamiento de las medidas.

Para decidir quiénes reciben la compensación y en qué monto, la propuesta indica que la determinación se realizará con base en estudios técnicos, valoraciones socioeconómicas y recomendaciones de profesionales en trabajo social, y aclara que el otorgamiento no estará condicionado exclusivamente a la acreditación de condición de pobreza ni a la inexistencia de otras fuentes de ingreso.

En la operativa administrativa, cuando la autoridad competente ordene la suspensión temporal por razones sanitarias o de salud pública, INCOPESCA deberá remitir la información de las personas afectadas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Además, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, deberá asignar y trasladar oportunamente los recursos necesarios al IMAS, y el IMAS será el encargado de ejecutar los pagos correspondientes.

El otorgamiento efectivo de la compensación se realizará con base en listados oficiales de personas beneficiarias que emita INCOPESCA conforme a los registros de licencias, permisos y autorizaciones vigentes y a las áreas o actividades afectadas por la veda. El reglamento de la ley establecerá los procedimientos, mecanismos de control y demás disposiciones necesarias para su implementación. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo no mayor a seis meses contado desde la entrada en vigencia para reglamentar la ley, y la norma regirá a partir de su publicación.

El proyecto contiene los elementos anteriores tal como están redactados en el texto y, hasta que la Asamblea Legislativa lo apruebe y se publique, sigue siendo una propuesta pendiente de convertirse en ley.