Proyecto 25600: Fortalecer y modernizar la Junta de Protección Social para regular juegos de azar y combatir el crimen organizado

El proyecto propone reconocer, fortalecer y modernizar las competencias de la Junta de Protección Social (JPS) para regular las loterías y los juegos de azar —incluyendo modalidades digitales— con el objetivo de proteger la seguridad pública, disminuir el juego ilegal y combatir riesgos como la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. La iniciativa establece nuevas facultades exclusivas para la JPS, requisitos obligatorios para operadores y plataformas, controles técnicos y financieros, medidas de juego responsable y sanciones penales por operar sin título habilitante. El proyecto está pendiente de aprobación.

El texto afecta a todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades de venta, administración, comercialización, financiamiento o explotación de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas, apuestas deportivas, videoloterías y demás juegos de azar por cualquier medio (físico o digital), y se aplica también cuando la actividad tenga como destino el mercado costarricense. La ley excluye expresamente juegos de carácter tradicional, familiar o escolar que no tengan explotación lucrativa y otros sorteos previstos por normas especiales.

La JPS recibirá competencia exclusiva para autorizar, regular, reglamentar, fiscalizar, supervisar y sancionar todas las actividades relacionadas con la venta, administración, comercialización, financiamiento y explotación de loterías y productos de azar en sus distintas modalidades. Como regulador podrá otorgar títulos habilitantes a operadores privados bajo estricta supervisión y establecer normas técnicas, de seguridad, prevención de lavado de activos y protección al consumidor; en paralelo la JPS ejercerá funciones operativas si decide explotar directamente productos, pero con separación operativa para evitar conflicto de funciones.

Para otorgar, renovar o mantener un título habilitante la JPS exigirá requisitos jurídicos, técnicos, financieros y de idoneidad: constitución societaria adecuada, antecedentes judiciales limpios de directivos y beneficiarios, estados financieros auditados, capital social mínimo, garantías económicas vinculadas al volumen de operaciones, y mecanismos de segregación de cuentas y protección de fondos de jugadores. El incumplimiento podrá ser causal de denegación, suspensión o revocatoria del título habilitante y de otras sanciones administrativas.

En materia técnica y de seguridad, los operadores autorizados deberán certificar plataformas, software y Sistemas de Generación Aleatoria (RNG), permitir auditoría independiente, implementar monitoreo y reportes en tiempo real, control de accesos privilegiados, geobloqueo efectivo para impedir accesos no autorizados desde Costa Rica y medidas de ciberseguridad alineadas con estándares internacionales. Todas las transacciones deberán realizarse en moneda de curso legal; el uso de criptoactivos o medios de pago no regulados queda prohibido salvo excepciones expresamente autorizadas por la JPS para fines de trazabilidad y prevención de lavado de activos.

El proyecto incorpora obligaciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo conformes a la normativa nacional e internacional: evaluación de riesgos anual, debida diligencia del cliente, monitoreo continuo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y conservación de registros por al menos cinco años. Además obliga a implementar protocolos internos para detectar e informar indicios de fraude, manipulación de resultados o colusión.

En protección al consumidor y juego responsable impone verificación obligatoria de edad e identidad en todos los canales, límites obligatorios y personalizables de depósito, gasto y tiempo, mensajes de advertencia, periodos de enfriamiento y opciones de autoexclusión temporales o permanentes. Los operadores deberán implementar programas de monitoreo para la detección temprana de conductas de riesgo con intervención proactiva, y colaborar con entidades de salud mental y prevención de adicciones.

Prohíbe operar, comercializar, financiar o publicitar juegos sin título habilitante, usar indebidamente símbolos o marcas de la JPS en actividades no autorizadas y publicitar juegos no autorizados, incluida la promoción digital dirigida a menores. Se propone añadir un artículo 249 bis al Código Penal que sanciona con pena de prisión de dos a seis años a quien sin título habilitante organice, administre o financie loterías o juegos de azar; la pena puede agravarse por participación de menores, uso de plataformas transfronterizas para evadir controles u obtener beneficios económicos altos.

Para su entrada en vigencia el proyecto contiene un transitorio que obliga al Poder Ejecutivo a reglamentarlo dentro de un plazo máximo de seis meses siguientes a su publicación, de modo que su operatividad quede definida por decreto ejecutivo; hasta tanto, las obligaciones previstas son propuestas pendientes de convertirse en ley. El expediente registrado es el número 25600, presentado el 2026-05-21 y publicado el 2026-05-28 (Gaceta 97), con vencimiento cuatrienal 2030-05-21; los proponentes incluyen a la diputada Esmeralda Britton González y otras personas señaladas en el expediente.