Proyecto 25600: Modernizar y fortalecer a la Junta de Protección Social para regular juegos de azar y combatir el crimen organizado

El proyecto propone reconocer, fortalecer y modernizar las competencias de la Junta de Protección Social (JPS) para regular, autorizar, supervisar y sancionar todas las actividades de loterías y juegos de azar —incluyendo modalidades electrónicas y apuestas deportivas— con el propósito declarado de proteger la integridad del mercado y facilitar la lucha contra el crimen organizado. El expediente es el 25600; figura presentado el 2026-05-21 y publicado el 2026-05-28. El proyecto está pendiente de aprobación.

El texto le atribuye a la JPS la competencia exclusiva para autorizar, regular, reglamentar, fiscalizar, supervisar y sancionar “todas las actividades relacionadas con la venta, administración, comercialización, financiamiento y explotación de loterías y productos de azar” en cualquiera de sus modalidades, incluyendo plataformas digitales y apuestas deportivas. Esto implica que la JPS será la autoridad responsable de otorgar los títulos habilitantes y de vigilar el cumplimiento técnico, operativo y de seguridad de los operadores.

La ley sería aplicable en todo el territorio nacional y también a actividades que, aunque se realicen desde fuera, estén dirigidas al mercado costarricense. Para operar, las plataformas y operadores autorizados deben implementar controles para impedir acceso no autorizado desde el exterior (geobloqueo) y otras medidas técnicas en coordinación con autoridades de telecomunicaciones y ciberseguridad. El proyecto limita además los medios de pago: exige que las transacciones se hagan en moneda de curso legal y prohíbe el uso de criptoactivos o medios de pago no regulados, salvo excepciones que la JPS autorice por motivos de trazabilidad y prevención de lavado de activos.

En materia técnica y de integridad, la iniciativa obliga a los titulares de títulos habilitantes a someterse a certificaciones independientes (por ejemplo de software y generadores de números aleatorios), auditorías, monitoreo en tiempo real y medidas de ciberseguridad. Para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo exige la implementación de “un sistema integral de prevención y control” conforme a la Ley número 7786, con evaluación anual de riesgos, debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo, monitoreo continuo y reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando proceda.

Prohíbe a cualquier persona física o jurídica realizar, directa o indirectamente, actividades habilitantes sin contar con un título vigente otorgado por la JPS. Además añade un tipo penal (artículo 249 bis al Código Penal) por la organización, administración o financiación de loterías y apuestas sin título habilitante, con una pena prevista de prisión de dos (2) a seis (6) años y agravantes específicos (por ejemplo si participan menores o se usan plataformas digitales para evadir controles).

Respecto a protección del consumidor y juego responsable, el texto demanda verificaciones robustas de identidad y edad en todos los canales, límites obligatorios y personalizables de depósito, gasto, tiempo y pérdidas, mensajes de advertencia en tiempo real, mecanismos de autoexclusión y períodos de enfriamiento, además de programas de monitoreo y detección temprana de conductas de riesgo por parte de los operadores.

Para su puesta en marcha, el proyecto dispone que, si se aprueba, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo en un plazo máximo de seis meses desde su publicación para garantizar su operatividad. El documento contiene los nombres de las diputadas y diputados proponentes y el registro administrativo del trámite (expediente 25600, presentación 2026-05-21, publicación 2026-05-28).