Proyecto 25594: Participación activa de los acreedores en los procesos de resolución financiera

El proyecto propone cambiar la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos (Ley N.º 9816) para que el Fondo deje de estar dividido en compartimentos y se gestione como un único patrimonio común para todas las entidades supervisadas por la Sugef; la propuesta está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. El expediente es el número 25594 y el proyecto fue presentado el 2026-05-13 ante el Plenario.

El proyecto modifica el artículo 19 para establecer que “El Fondo de Garantía de Depósitos se gestionará como un patrimonio único.” Con ese cambio, las contribuciones de todas las entidades financieras supervisadas por la Sugef —independientemente de su forma jurídica— ingresarían a ese fondo único, lo que busca permitir que los recursos se usen de manera más flexible frente a una entidad en proceso de resolución. El texto propone que en caso de que una entidad requiera el pago de la garantía o inyección de fondos para una resolución, los montos que la autoridad ordene distribuir al Fondo se imputarán al monto de los depósitos garantizados de esa entidad, y que se podrá fijar un plazo de diferimiento para que la entidad reponga el aporte, igual al plazo que determine la Junta Directiva del Banco Central para restituir encajes y reservas de liquidez.

El proyecto mantiene el mecanismo para que la garantía de depósitos se haga efectiva mediante el pago directo a depositantes y ahorrantes o mediante el traslado de recursos a procesos de resolución según lo disponga el Conassif; es decir, la forma de pago sigue dependiendo de lo que la autoridad de resolución autorice en cada caso. Además establece que las multas que se impongan por incumplimientos vinculados al Fondo pasarán a favor del Fondo y formarán parte inmediata de sus recursos, y que las entidades contribuyentes deberán pagar las cuotas adeudadas más los intereses moratorios que fija la propuesta.

En cuanto a la gestión de los procesos de intervención y resolución financiera, el proyecto exige separar funciones: el Conassif no podrá concentrar en un mismo administrador las tareas de valoración y recomendación propias de la fase de intervención y las tareas de ejecución propias de la fase de resolución. El Conassif deberá designar administradores distintos según las necesidades de cada fase; la remuneración de esos administradores la fijará el Conassif y se cargará a los recursos del propio Conassif, y al término de su gestión el administrador de la resolución deberá presentar un informe detallado de su actuación y de los gastos incurridos.

El proyecto crea una Asamblea de Ahorrantes y Acreedores y obliga a convocar, en el acto de inicio del proceso de resolución, a una Asamblea destinada a elegir un Comité de Ahorrantes y Acreedores para la entidad en resolución. La Asamblea y el Comité tendrán carácter excepcional y no suspenderán ni condicionarán el proceso de resolución; el Comité será consultivo e informativo, podrá recibir información general sobre el avance del proceso y emitir observaciones no vinculantes, y actuará como canal institucional de comunicación entre los afectados y la administración de la resolución. La Asamblea elegirá un Comité integrado por cinco miembros propietarios y cinco suplentes, y al menos tres de los miembros propietarios deberán pertenecer al grupo de ahorrantes de la entidad en resolución.

El proyecto regula quiénes no pueden integrar el Comité (por ejemplo directores, gerentes, auditores de la entidad durante los últimos cinco años, parientes hasta tercer grado de quienes ocuparon esos cargos, miembros del grupo económico vinculado a la entidad y personas con conflictos de interés que el Conassif determine) y sujeta a los miembros del Comité al deber de confidencialidad; además permite que la autoridad comunicadora comparta información con los miembros del Comité aun cuando dichas actuaciones estén exentas de comunicación al público, sin que esa comunicación produzca efecto suspensivo sobre el proceso de resolución.

El Banco Central de Costa Rica, en su condición de administrador del Fondo, dispondrá de seis meses a partir de la publicación de la ley para realizar la unificación contable y patrimonial de los antiguos compartimentos en un único Fondo de Garantía de Depósitos. El Conassif deberá también efectuar los ajustes reglamentarios necesarios en un plazo máximo que el proyecto señala en su transitorio (seis meses) para armonizar la normativa con el nuevo esquema.

En síntesis, la iniciativa propone (1) unificar el Fondo en un patrimonio único que reciba las contribuciones de todos los intermediarios supervisados por la Sugef; (2) regular el uso y la imputación de los recursos cuando una entidad entre en resolución; (3) transferir las multas al patrimonio del Fondo; (4) separar funciones de administradores en las distintas fases del proceso resolutorio; (5) crear una Asamblea y un Comité de Ahorrantes y Acreedores con carácter consultivo y reglas de acreditación, composición y confidencialidad; y (6) establecer plazos de transición para que el Banco Central y el Conassif implementen los cambios. El texto detallado sigue siendo un proyecto de ley pendiente de trámite y aprobación en la Asamblea Legislativa.