Proyecto 25586: Ley contra la violencia sexual digital (adición de un capítulo a la Ley 8589)

El proyecto propone añadir un capítulo nuevo a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (ley 8589) para reconocer como violencia y sancionar de forma específica la "violencia sexual digital", enfocándose en la difusión no consentida de contenido íntimo, la sextorsión y los deepfakes sexuales. El texto plantea tipificar conductas y establecer penas para quienes generen, publiquen, difundan o empleen ese tipo de material sin consentimiento.

El proyecto establece obligaciones penales para quien “genere, exponga, publique, difunda, distribuya, comercialice y/o intercambie fotografías, imágenes, videos o audios de carácter íntimo y/o sexual” sin el consentimiento de la mujer que aparece en el material; el proyecto prevé sanciones privativas de libertad para esa conducta. En la práctica, esto significa que quien produzca o comparta contenido íntimo sin consentimiento podrá ser investigado y procesado penalmente según la pena que el articulado fija.

El proyecto también tipifica y castiga la amenaza, el chantaje o la extorsión ligados a la difusión de contenido íntimo (sextorsión). Para estos casos el texto contempla sanciones de menor cuantía en prisión que las aplicadas a la difusión directa, con la intención de castigarlas específicamente como un modo de violencia en el entorno digital.

El proyecto incorpora circunstancias agravantes que aumentan la pena cuando la víctima es menor de edad, una persona con discapacidad, cuando hay ánimo de lucro o concurran otras agravantes generales previstas; en esos supuestos el tope de la sanción se incrementa en un tercio. En la práctica esto significa que los jueces podrán imponer penas mayores cuando la conducta afecte a colectivos vulnerables o persiga beneficios económicos.

El consentimiento debe entenderse como específico, limitado y revocable. Esto implica que el hecho de que una imagen o video se haya creado o compartido inicialmente con autorización no autoriza su difusión posterior; cualquier divulgación sin autorización constituye vulneración de la autonomía y la intimidad de la persona.

El texto reconoce expresamente como manifestaciones de la violencia sexual digital la difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión mediante la amenaza de difusión (sextorsión) y la creación o difusión de contenido sexual falso o manipulado (deepfake sexual), incluyendo el uso de tecnologías de inteligencia artificial para producir material íntimo sin consentimiento. En la práctica, el proyecto pretende cubrir tanto material real difundido sin permiso como material creado artificialmente para representar a una persona.

Se adiciona un capítulo nuevo titulado "CAPÍTULO VI: VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL" dentro de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Ese capítulo contiene artículos donde se definen las conductas sancionadas y las penas correspondientes, de modo que estas conductas queden expresamente contempladas dentro del cuerpo de la ley que protege a las mujeres.

El expediente que presenta esta propuesta es el número 25586, fue presentado en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2026 y la proponente registrada es la diputada Claudia Dobles Camargo. Según el registro del trámite, el proyecto ha sido remitido a comisiones legislativas (entre ellas la comisión de Mujer y la de Tecnología y Educación) para su estudio y debate; en consecuencia, el proyecto está pendiente de aprobación y aún no es una ley vigente.

Si el proyecto fuera aprobado en los términos del articulado presentado, cambiaría la práctica penal al crear figuras específicas sobre la difusión no consentida de contenido íntimo, la sextorsión y los deepfakes sexuales, establecería penas concretas (con agravantes para casos de menores, discapacidad o lucro) y fijaría el estándar de que el consentimiento para la creación o recepción de contenido íntimo no autoriza su difusión posterior.